El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño, ha sido oficialmente vinculado al proceso iniciado por el incendio en una estancia migratoria en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, que dejó al menos 40 fallecidos.
EFE/Luis Torres
La Fiscalía acusó al funcionario de ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones.
Según los documentos presentados por el organismo, las funciones de Garduño consistían en salvaguardar y proteger a los migrantes, así como en mantener seguras las instalaciones en las que se albergaban, reseñó Publimetro.
CONTROVERSIA E INVESTIGACIONES
Un abogado aseguró que pidieron a las autoridades de vigilancia del centro detención de migrantes en Ciudad Juárez (México) —donde murieron como consecuencia de un incendio que se registró en el interior de sus instalaciones al menos 40 personas extranjeras— que no abrieran las rejas y los dejaran salir.
Las revelaciones son del abogado Jorge Vázquez Campbell, quien está representando a algunos de los guardias y agentes de seguridad, quienes fueron señalados por las autoridades mexicanas, durante una entrevista concedida para el medio Border Report.
Afirmó que algunos de sus clientes estaban atemorizados por las consecuencias que podrían tener, muy a pesar de solo haber “seguido órdenes de sus superiores”.
“Llegaron aquí a pedir protección para que un juez federal emitiera un auto para protegerlos de una detención arbitraria. Me explicaron lo que pasó y me molesté tanto que archivé la información”, indicó al medio citado, afirmando que fue, justamente, el director regional del Instituto Nacional de Migración (INM) quien les pidió a los guardias que no abrieran las rejas para que salieran los migrantes.
“Estoy presentando una denuncia dando prueba de que el responsable de estos homicidios es el representante legal de inmigración en el estado. Lo llamaron para decirle que había un levantamiento en la estación y él les dijo, ‘déjenlos en paz y salgan de la estación’ (…) Con eso, todo comenzó a quemarse y matarlos”, expresó Vázquez.
El Gobierno mexicano reconoció, el miércoles 29 de marzo, su responsabilidad por la muerte de los migrantes en el incendio ocurrido en un centro de detención de Ciudad Juárez. En tanto, anunció que se imputaría por homicidio a los supuestos responsables.
La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó durante una rueda de prensa que ya habían identificado a ocho funcionarios “probablemente responsables” por los hechos que desencadenaron en la tragedia y se emitió, en consecuencia y hasta ese momento, al menos cuatro órdenes de captura.
Entre los funcionarios figura dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco funcionarios de la empresa de seguridad privada que trabajaba para el INM, quienes ya estaba «rindiendo sus declaraciones ministeriales”.
“Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de protección civil”, expresó Rodríguez Velázquez.
El incidente ocurrió en las instalaciones que el INM tiene en el puente internacional Stanton-Lerdo en la norteña Ciudad Juárez, vecina a la estadounidense ciudad de El Paso (Texas), poco antes de la 10:00 de la noche del pasado lunes.
El canciller guatemalteco, Mario Búcaro, confirmó que 28 de los fallecidos son ciudadanos de su país y dijo que el gobierno trabajará para castigar a los responsables y reparar a los familiares.
La Fiscalía General de México, citando al INM, reportó que entre «los migrantes identificados» también hay 13 hondureños, 12 venezolanos, 12 salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano, sin diferenciar entre muertos y lesionados.
Redacción Maduradas con información de Border Report y Publimetro
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