En los pasillos de las iglesias evangélicas de Nueva York, circuló un rumor que llamó la atención de extranjeras recién llegadas: un abogado prometía resolver cualquier obstáculo migratorio de manera rápida y económica. Sin embargo, tras las palabras persuasivas del licenciado Gustavo Cortez Osco, como se hacía llamar, se escondía una estafa bien orquestada.
Gerardo Reyes/Univisión
Varias mujeres latinas, desesperadas por regularizar su situación en Estados Unidos, confiaron en Cortez. Su oficina, un simple número de celular en el oeste de la ciudad, no levantaba sospechas. Hablaba español con un acento inglés que inspiraba confianza y se mostraba comprensivo con las dificultades que habían vivido antes de cruzar la frontera.
Cortez abrumaba a sus clientes con notificaciones de buenas noticias sobre su estatus migratorio. Documentos con logotipos oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Seguridad Nacional y Departamento de Justicia les hacían creer que estaban en el camino correcto. La primera fase requería pagos de entre 300 y 1,000 dólares.
La audiencia falsa
La etapa crucial llegaba con audiencias virtuales ante jueces de inmigración. Rusbelys Robles, una enfermera venezolana, se preparó de forma meticulosa. Estudió historia y geografía de Estados Unidos. En julio pasado, desde la habitación de un hotel convertido en refugio migratorio, se conectó por Skype con el enlace que le dio Cortez. A su lado, su hija de 5 años de edad balbuceaba.
En la pantalla, el presunto abogado vestido con saco y corbata parecía legítimo. El juez, supuestamente de Arizona, hablaba español con un acento similar al de Cortez. La simulación duró 20 minutos. Robles pagó 250 dólares por el “privilegio” de un juez hispanohablante.
UnivisiónInvestiga destapó la farsa. El abogado, el juez, todo era parte de una mentira. Robles había entregado 3,365 dólares, parte de ellos obtenidos mediante préstamos y su trabajo como limpiadora de casas. Su situación migratoria seguía en espera, sin avances reales.
“Todo lo que hacía se lo daba”, confesó Robles a Univisión, incluso llegó a sacar dinero del mercado de sus hijas, una de ellas con síndrome de Down.
Cortez, quien operaba desde las sombras, no captaba de manera directa el dinero de sus víctimas. En cambio, contaba con intermediarios que recibían pagos en cuentas bancarias estadounidenses a través de Zelle. Sin embargo, había una advertencia perentoria: los depositantes no debían indicar el motivo de las transferencias.
A pesar de que Cortez presumía de una oficina en un edificio en Nueva Jersey, pero los reporteros de Univisión descubrieron que ese lugar no existía. Dos personas que trabajaban en la misma estructura negaron haber oído hablar de él.
La sospecha creció cuando los actores en las audiencias judiciales comenzaron a cambiar de roles. En una ocasión, la mujer que se hacía pasar por jueza actuaba como abogada, y viceversa. Los afectados, como la congregante Robledo, comenzaron a dudar. “Estamos estafados”, confesó Robles a su esposo.
El pastor Sandro Martínez, de la iglesia local, desenmascaró la mentira al notar que los correos electrónicos supuestamente enviados por agencias federales provenían de cuentas de Google Mail, no de dominios “.gov”. Martínez confrontó a Cortez, quien, paradójicamente, prefería hablar en español a pesar de su acento americano.
Captura de video
La historia dio un giro cuando Cortez, desde la prisión de Tocuyito en Venezuela, admitió a Univisión y sin cargo de consciencia que todo era una estafa. Había creado un montaje visual de la corte utilizando tecnología de edición audiovisual. Además, se jactó de pertenecer al violento Tren de Aragua, una organización criminal que opera desde prisiones venezolanas.
A pesar de las confesiones, Cortez se negó a revelar su verdadero nombre y nacionalidad. Las víctimas, incluida la iglesia local, perdieron miles de dólares.
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Redacción Maduradas con información de Univisión.
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