Siete intentos lleva el presidente Nicolás Maduro en su lucha por erradicar las colas y llenar los anaqueles que alguna vez instó a vaciar.
La instalación de captahuellas, la compra por número de cédula, el encarcelamiento de dueños de establecimientos o el reciente cierre de la frontera no han detenido a los bachaqueros ni han evitado que los supermercados permanezcan serpenteados por filas de personas que esperan horas para comprar lo que hay.
El gobierno insiste en poner en la mira a revendedores y contrabandistas. Los economistas reiteran que la única estrategia efectiva para resolver estas distorsiones incluye levantar los controles de precios y de cambio y mejorar el clima de entendimiento con los empresarios, lo que permitiría aumentar la producción.
Ya han pasado dos semanas del torbellino por el cierre de la frontera y el estado de excepción en 10 municipios de Táchira. Las imágenes de las casas marcadas y demolidas por los militares y de los colombianos cruzando el río de vuelta a su país son un eco que aún se retransmite por la televisión. Un bachaquero aparece y envía un mensaje por Whatsapp. Ofrece mantequilla por caja, mayonesa por galón y jabón de lavar, papel tualé y toallas sanitarias por bulto. El negocio no cesa en San Cristóbal, la vida de las colas tampoco.
Al día siguiente, en uno de los supermercados ubicado al este de la ciudad, la fila es doble y supera las cinco cuadras. Las personas no saben qué artículo venderán, solo esperan que abran las puertas del establecimiento para que la fila corra. “Seguimos haciendo cola igualito. Si los supermercados estuvieran llenos de los productos que dejaron de pasar los bachaqueros para Colombia, no habría esta cola. Simple lógica”, analiza Teresa Useche cuando aún le falta recorrer la mitad.
Despliegue militar, encarcelamiento de empresarios, decomisos, controles que van desde captahuellas hasta pedir el RIF sellado por el consejo comunal –como se anunció hace dos semanas en el municipio Andrés Bello de Táchira y se aplica en algunas redes del Estado en Caracas– y hasta alambre de púas en el puente Simón Bolívar que une con Colombia. En dos años, el presidente Nicolás Maduro acumula siete planes para frenar el contrabando y la venta informal de productos regulados, que deriva en escasez, bachaqueo y horas perdidas en comprar comida. Sin embargo, ante cada nuevo obstáculo –sea ley, decreto u operativo– los bachaqueros reorientan la ruta para llevar mercancía al nido.
“Estamos haciendo la inteligencia para una OLP –Operación para la Liberación del Pueblo– contra el bachaquerismo que va a ser nacional. Así que bachaqueros, vamos por ustedes y vamos con todo, ¿oyeron? Hay que proteger a nuestro pueblo”, afirmó el presidente en el programa En contacto con Maduro, transmitido el 11 de agosto, días antes de cerrar la frontera con la que prometió una vez más tapar el boquete del desabastecimiento que afecta a todo el país.
El mandatario lo ha repetido con frecuencia en los últimos meses. El bachaqueo es un negocio que comenzó en la frontera: “Y ¿de dónde nos vino? De las mafias colombianas, de la mafia de Maicao, de Cúcuta, nos vino este ensayo que después la derecha nacionalizó”, dijo cuando habló de la OLP.
En 2014, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria elaboró 1.352 informes sobre “la guerra económica declarada que ha causado desabastecimiento, especulación y contrabando de extracción a nivel nacional, inflación, un nuevo sistema cambiario, entre otros”.
Pese a las labores de inteligencia, los que eran unos personajes propios de la circunstancia fronteriza –surgidos hace más de una década gracias al diferencial de precio, principalmente de la gasolina, y luego del bolívar frente al peso y el dólar– comenzaron a multiplicarse en los últimos dos años.
Bachaquear es un verbo –o una sensación– cotidiana para gran parte de los venezolanos. Sara Rojas, ama de casa, lo cree así: “Me siento como un bachaco por tener que recorrer toda Caracas en la búsqueda de un producto, por tener que ir de un lado para otro cuando recibo un mensaje de algún amigo que me avisa que hay algo en otro lugar. He tenido que hacer dos veces la cola en un mismo establecimiento porque cuando ya salí de la primera comienzan a vender un artículo o alimento que necesito. Puedo darme ese lujo ahora porque estoy jubilada. Los bachaqueros lo que hicieron fue ver la oportunidad”, dice luego de pasar cinco horas en cola en el Makro de La Yaguara para salir con un bulto de arroz y otro de harina de maíz a cuestas hasta su casa en La Vega.
Sobre el sobreprecio
En la Redoma de Petare no falta nada. Allí, escondido entre las verduras o tapado con plástico negro, se consigue la fórmula para los niños, jabón de baño y para lavar, leche, mantequilla, café, productos de higiene personal. Todo lo que los consumidores buscan y no encuentran o que no tienen tiempo de conseguir porque no pueden pasar más de cuatro horas haciendo cola frente a un supermercado. En la Redoma está, pero dependiendo de la presión policial se consigue o no a simple vista.
“El bachaquero recoge las sobras”, asegura una comerciante informal sentada frente a un puesto de ropa interior ajena al caos de Petare. “Pierdo todo el día en una cola, busco un producto y consigo otro. Paso horas soportando agua, sol, lluvia e insultos. Pero vienen a atropellar al trabajador que hace colas. No hay que atacar al bachaquito que come de las sobras”. Dice que los mayoristas también especulan y remarcan los precios.
Por más de 30 años la mujer se ha dedicado a la buhonería y sabe que en la informalidad la tajada se diluye de forma desigual en una larga cadena. Hace 2 semanas, además de ropa íntima, exhibía pañales para adultos a 1.200 bolívares –los más costosos en un comercio formal cuestan 615 bolívares–, protectores diarios femeninos en 250 bolívares –valen 116,40 bolívares– y suplementos para bebés en más de 1.000 bolívares –dependiendo del tipo de fórmula rondan los 300 bolívares–.
Para la mujer la crisis tienen una solución simple: “El camino no es perseguir al bachaquero, es abastecer y no atropellar al pueblo”. Ellos lo saben, pero el gobierno se ha perdido por los atajos.
Según un estudio de Datanálisis, 65% de quienes están en las colas son revendedores. Quienes están en las filas dicen reconocerlos porque son los que siempre pasan de primeros, aunque nadie los haya visto llegar temprano. Gustavo Del Nardo se hace eco de la estadística en una fila en el Mikro de la avenida Sucre, en Catia. Llega al comercio todos los jueves a las 5:00 am y aunque falle por 10 minutos siempre es el primero de la fila, porque entre los que coinciden a esa hora se guardan el puesto. No está de acuerdo con el bachaqueo. “Lo que hacen es quitarle el pellejo a la gente”, dice. De las 200 personas que están en la cola, asegura que 80 son revendedores. Sabe quiénes son, pero no los señala. “Yo no soy sapo”.
La mayoría se abstiene de denunciar a los revendedores para evitar problemas, desoyendo así la propuesta gubernamental de aplicar la “inteligencia social” para identificar y denunciar a los bachaqueros que han pregonado tanto Maduro como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien además lanzó la etiqueta en Twitter #BachaqueroEsUnaPlaga para señalarlos.
“Eso no tiene efectos positivos ni aplicación masiva, porque en buena parte de los casos el bachaquero termina siendo el vecino”, señala Henkel García, director de la firma Econométrica.
La cadena
Los matices de la informalidad en la reventa de productos son casi infinitos. Algunos vendedores de Petare, aunque ofrecen una gran cantidad de productos de la cesta básica a precios que superan hasta 10 veces el costo regulado no se identifican como bachaqueros. “Yo no hago cola. Aquí vienen a ofrecerme los productos y yo los compro ya con sobreprecio. Ahora la mercancía está escasa hasta para los mismos bachaqueros”, asegura una buhonera en la Redoma de Petare.
Otros sí le ponen precio al tiempo invertido en los supermercados. El domingo pasado, cientos de personas madrugaron frente al Plan Suárez de La Urbina y lograron llevarse 4 paquetes de 1 kilo de caraotas en 55 bolívares cada uno. Algunos salieron del establecimiento, tomaron un autobús hasta Petare y en la calle ofrecieron los paquetes recién comprados a 600 bolívares.
J tiene todo este año revendiendo cualquier cosa que pueda conseguir. Antes tenía un taxi, pero se lo robaron a punta de pistola un día de enero a las 2:00 pm. “Cuando me quedé sin empleo vi en esto una forma de conseguir dinero. Voy a comercios que no atienden por número de cédula y hago la cola dos o tres veces, dependiendo del tiempo que duren”. Su rutina comienza a las 6:00 am, dice que no tiene contactos y tampoco se colea. Lo máximo que hace es ofrecerle 150 bolívares a un portero para que le permita pasar, cuando no hay policías ni guardias. J. dice que en un día se puede ganar 1.000 bolívares, recupera la inversión y aparte abastece su casa. “No creo que esté mucho más tiempo en esto. Ahora no se puede revender porque no se consigue, lo que encuentro es para mi casa. La semana pasada solo me gané 3.000 bolívares y ya no los tengo porque yo también tengo que recurrir a bachaqueros”.
Para G el bachaqueo también se ha convertido en un círculo vicioso. “Igual se nos va el dinero, no alcanza para nada porque todo está más caro”. Ella y su esposo –ambos empleados públicos– asumieron la reventa de productos como una manera de redondearse su salario. “Es un trabajo, él hace las colas en la madrugada, y yo compro en las tardes, al salir de la oficina. Y todos los fines de semana también salimos a hacer colas”. La pareja tiene contactos en algunos comercios que les avisan de la llegada de productos y les permiten pasar sin hacer fila. La implementación de las compras por el terminal del número de cédula no fue un impedimento para ellos. “Usamos cédulas prestadas o la mostramos rápido, por lo general el documento se enseña junto a las rejas de los establecimientos y hay tanta aglomeración que los funcionarios no se fijan”.
La cadena del bachaqueo es larga. F, también empleada pública, no hace colas, ni madruga, pero vende en grandes cantidades. “Hay unos muchachos que semanalmente me dan bultos de papel higiénico y mensualmente de pañales. Yo compro revendido”. Asegura desconocer de dónde obtienen la mercancía. “Si a mí un bulto de papel me lo venden en 2.000 bolívares yo lo vendo en 2.500 y en un día puedo vender hasta 15 bultos”.
La ONG Transparencia Venezuela, que hace seguimiento a la Misión Alimentación, recientemente denunció que las reiteradas promesas del gobierno de acabar con la escasez y las colas no se han concretado. Mercedes De Freitas, directora de la organización, explica por qué el fenómeno continúa. El ciudadano tiene bajas expectativas sobre la resolución del problema de abastecimiento a corto o mediano plazo, lo que origina la compra de cualquier producto para almacenarlo en casa; mientras que hay otros sectores que compran para revender: “¿Quién es el bachaquero? El que compra para sí o el que revende. A veces el gobierno pareciera que se refiere a ambos grupos sin distinción. ¿Por qué debe ir gente presa por tener 10 kilos de azúcar almacenados en casa?”.
A Andrea Márquez le preocupa que pudieran detenerla por este motivo. Vive en la Torre Viasa, un edificio tomado por damnificados en Bellas Artes en 2006. Márquez espera a su esposo en la salida del supermercado con bolsas repletas de harina, aceite, papel higiénico y servilletas: “Yo no compro para revender, esto es para mi uso personal. No puedo comprar mucho porque han estado entrando a supervisar en la torre y van a pensar que soy bachaquera”.
El temor de Márquez se justifica porque las OLP contra el bachaqueo ya han dejado a varios detenidos. De Freitas refiere de un caso de una familia que fue sacada de su apartamento en un edificio de la Misión Vivienda en la avenida Bolívar acusada de acaparar productos básicos. Uno de los miembros está detenido. La familia se negó a declarar por temor a retaliaciones.
Desmontar controles
Los bachaqueros son una consecuencia de los controles de precios y no la causa del desabastecimiento. “El revendedor busca precios controlados por debajo del valor de mercado. Se aprovechan de la diferencia que existe entre lo controlado y lo que está dispuesto a pagar el consumidor. Si no existiera esta diferencia de precios no habría ni bachaqueo ni contrabando. Que haya estos precios tan bajos estimula la demanda y destruye la oferta”, explica García.
Los analistas dudan de la efectividad de los planes que ha anunciado el gobierno para sanear la economía y reducir las colas y el desabastecimiento que afectan la calidad de vida de los venezolanos. “Los rusos metían presa a la gente que actuaba en el mercado negro. Hubo gobiernos que llegaron hasta ejecutar a las personas que participaban en el mercado negro y nunca lo pudieron parar. Tan solo se resuelve teniendo productos o ajustando el precio al mercado real”, afirma Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.
Mientras no se levanten los controles en Venezuela se mantendrá el estímulo para que más gente haga el negocio de comprar barato para vender caro, “y cada vez más caro”, señala León.
Dice que el índice de sobreprecio –cuántas veces más alto se vende lo que se compró a precios regulados– está entre 5 y 10 veces: en promedio 7,5 veces por encima del precio inicial de compra. 30% de quienes integran los estratos más pobres de la población están vinculados al bachaqueo, según datos de la encuestadora.
La presión sobre los bachaqueros, añade, puede generar incluso que aumente el precio de la reventa. “En la medida que hay más riesgo aumenta lo que se cobra para vender el producto”.
El economista Domingo Sifontes apunta que desmontar los controles de precios es impostergable: “El problema se resuelve tomando decisiones económicas reales. Hay que cambiar el modelo para que la economía funcione. También hay que revisar el control de cambio y flexibilizarlo, y llegar a acuerdos con los empresarios nacionales para que puedan producir”.
No es la primera vez que en Venezuela se aplican controles de precios. Antes de la medida de Hugo Chávez de 2003 que estableció controles para 103 rubros de la canasta básica; el gobierno de Jaime Lusinchi creó la Comisión de Costos, Precios y Salarios que fijaba un precio máximo de venta al público. Rafael Caldera también estableció un control de precios en 1994, que duró dos años.
Con Lusinchi la inflación anual pasó de 15,7% en 1984 a 40,3% en 1987 y cuando el sistema se desmontó en 1989 la inflación llegó a 103%. “Se trata de una historia repetida, el Caracazo ocurre en 1989 cuando Carlos Andrés Pérez estaba aplicando las medidas para desmontar los controles impuestos por Lusinchi. En ese tiempo también había escasez y desabastecimiento y la población estaba muy golpeada por los controles del gobierno”, recuerda el director de Econométrica.
León agrega, sin embargo, que la circunstancia actual tiene sus particularidades: “En esos casos se batieron récords históricos de inflación en Venezuela, pero nunca llegamos a una situación de este tipo porque los controles no fueron tan absurdos y nunca llegaron a durar tanto tiempo”.
Los economistas insisten en que si Maduro quiere ganarle a las colas y el bachaqueo debe comenzar por aumentar los precios de los productos, eliminar el tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar y crear un clima real de entendimiento entre el gobierno y los empresarios para aumentar la producción. García añade que es necesario un plan integral que incluya disciplina fiscal y monetaria y un reordenamiento jurídico para que haya respeto a la propiedad privada, seguridad personal y que se vea el empresario como una pieza fundamental para el desarrollo, lo que implica transformar el modelo productivo para que haya verdadera libertad económica, política y social.
Por Emily Avendaño Eavendano / Eleonora Delgado Edelgado / El Nacional.