Primero Justicia reveló este miércoles 29 de enero las razones por las que su fracción salvó el voto en el acuerdo que autoriza la creación del Fondo Especial de Litigios, aprobado en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional el pasado martes.
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En su cuenta en Twitter, la organización política señaló una serie de irregularidades y desacuerdos con que se haya aumentado el fondo de litigios a un máximo de 20 millones de dólares.
A continuación:
1.- Recordó que el artículo 36 del Estatuto que rige la Transición a la Democracia establece que los activos de la República recuperados por la actuación institucional del Parlamento no pueden disponerse ni ejecutarse hasta tanto cese la usurpación y se conforme un gobierno de unidad nacional.
2.- La tolda indicó, asimismo, que en el artículo 34 está establecido que mientras persista la situación de usurpación, PDV Holding y sus filiales no pueden realizar ningún tipo de pago o aporte a Petróleos de Venezuela.
3.- Subrayó que excepcionalmente por la vía de acuerdo parlamentario ante la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, el pleno de la Asamblea Nacional puede aprobar el uso de activos de la República.
4.- Indicó que el año pasado se creó una comisión técnica para garantizar el uso adecuado de esos recursos destinando a la defensa de los derechos de la República con el objeto de preservarlos y salvaguardarlos.
5.- Primero Justicia señaló que desde el 23 de enero del 2019 ha liderado y respaldado la defensa de los activos de la República. «Nuestra fracción parlamentaria asume de manera realista que dichos recursos son necesarios para la defensa de nuestros activos», expresó.
6.- El partido también expuso que hasta la fecha no se han designado formalmente los miembros de la comisión técnica. Por ello, no ha sido posible verificar de manera cierta el uso de recursos públicos ni la rendición de cuentas de los mismos. PJ ejemplificó con los 3,5 millones de dólares aprobados el 19 de noviembre de 2019.
7.- Además, afirmó que aún no existe el soporte institucional que permita la correcta ejecución de recursos públicos. «La designación de un contralor especial por parte de la Asamblea Nacional es fundamental para lograr ese soporte institucional», añadió.
8.- Expuso que tampoco está estructurada la instancia de imputación del gasto público ni los mecanismos de funcionamiento de la Tesorería. Por estos motivos, enfatizó que no existen condiciones mínimas que garanticen el uso transparente, eficiente y con criterios de honestidad de los recursos públicos.
9.- PJ advirtió que el aumento del fondo de litigios a un máximo de 20 millones de dólares se parece más a un presupuesto no sometido a controles.
10.- Expresó que no son suficientemente conocidas las estrategias de defensa judicial de los activos de la República. Tampoco los mecanismos de selección de abogados contratados por la oficina del procurador especial.