Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez y tesorera de la República, asegura que su país «no es un Estado de derecho» y denuncia que será «torturada» allí si finalmente España la extradita por delitos que, enfatiza, «nunca» cometió.
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Entrevistada por Efe en Madrid, se defiende de las acusaciones de blanqueo y enriquecimiento injusto contra ella y su marido, Adrián Velásquez, jefe de seguridad de Chávez, pues se basan en pruebas «fabricadas».
Pocas semanas después de que la justicia española accediera a entregarla a Venezuela, anuncia que ambos pedirán asilo en España, a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva su recurso contra su extradición y se pronuncie sobre la de su marido.
Como miembro de la Guardia de Honor (Díaz era militar), formó parte desde 2003 del equipo médico de Chávez. Ocho años después, fue nombrada subtesorera y, luego, tesorera de la República, cuando dejó de atenderlo.
—¿Qué le pasará si la extraditan?
—Mi vida correría más peligro, me van a torturar para que confiese delitos que no he hecho. Es democráticamente aberrante. Nos han querido acusar de unos supuestos delitos que no cometí. No extraje dinero de las arcas del Tesoro y mi gestión fue limpia, intachable. Me siento orgullosa de haber ejercido estos cargos por mis méritos propios.
—La Fiscalía española fue favorable a extraditarla ¿Ve motivación política?
—Confiamos en la justicia española. No tenemos nada que esconder, pero nos negamos rotundamente a ser unos rehenes políticos. No estoy satisfecha con la decisión, pero existen los recursos. Vamos a recurrir a todas las instancias, ante el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos.
—¿Cómo llegó a ser persona de confianza de Chávez?
—Se me ha querido presentar como una mera enfermera sin ningún tipo de cualificación, es totalmente falso. Llego a estos cargos por mis méritos propios, por mi capacidad y la experiencia que tenía. El ministro de Finanzas (Jorge Giordani) me llama y me dice: «Ha sido nombrada subtesorera». Y luego tesorera y secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonden).
—¿Por qué abandonan Venezuela?
—Me cesaron en 2013, pero decido salir de Venezuela casi dos años después. Toda mi gestión fue auditada por firmas internacionales, como Deloitte, y no se observó ningún daño al patrimonio. Yo dependía directamente del ministro de Finanzas, de quien recibía instrucciones siempre apegadas a la ley. Fue una persona honesta. Cuando me cesan, inmediatamente lo cesan a él. Las mismas cuentas que se presentaron en mi acta, son la mismas que se presentan en el acta de él. ¿Cómo es posible que yo esté perseguida y él no?
—¿Y su esposo?
—A los pocos días de morir Chávez, lo amenazan de muerte. Y sale de Venezuela, pero yo continúo, no salí huyendo.
—¿Quién lo amenazó?
—Ahorita estoy en un proceso de una posible extradición y no puedo decir esos nombres por salvaguardar mi vida, obviamente.
—¿Por qué fueron a España?
—Tenemos raíces familiares, mis bisabuelos eran canarios. Es un país de libertad.
—¿Pedirán asilo?
—Somos residentes legales. Y sí, vamos a pedir asilo porque este caso tiene un contexto político, es una persecución política.
—Pero usted no pertenece a la oposición…
—Primero y principal: yo no soy política. Fui una funcionaria pública, pero esto es una persecución política porque nos atribuyen un delito común, del cual no han presentado pruebas. Nos encontramos frente a un país que no está respetando los derechos humanos, no se respetan las garantías constitucionales.
—Usted alega que se negó a firmar unos documentos cuando Chávez estaba muy enfermo.
—Puedo hablar de un caso específico. Llegó una instrucción al ministro escrita de que había que retornar a una empresa los impuestos que había pagado al Tesoro. Obviamente nos negamos, respondimos que era imposible hacer eso. Era una instrucción fuera de ley.
—¿Hubo más documentos?
—Más o menos, sí, fuera de ley totalmente.
—¿Por eso la persecución?
—Obviamente. Me cesan (a las pocas semanas de que Chávez falleciera) porque me dieron instrucciones fuera de ley, esa es la razón, y no las cumplimos.
—La justicia venezolana pidió el arresto de ustedes en 2016, cuando su marido aparece en los papeles de Panamá con varias sociedades. ¿Por qué las creó allí?
—No es un delito. Mi esposo crea cuentas en Panamá para preservar el patrimonio familiar por las inseguridades jurídicas, las fluctuaciones cambiarias, el acoso y las olas de secuestros. Pero solo dos. Las otras fueron creadas por una persona sin más, que usó sin autorización de él su pasaporte. También han dicho que yo tenía empresas en Panamá, y es totalmente falso, ni en Panamá ni en ninguna otra jurisdicción.
Información de EFE
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