En un contundente comunicado, ocho gobiernos de Sur y Centroamérica repudiaron la represión por parte de los organismos de seguridad del gobierno venezolano contra manifestantes pacíficos
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay deploraron el deterioro de la situación interna y el recrudecimiento de la violencia, así como la pérdida de vidas humanas, en su mayoría, jóvenes.
Recordaron además al Estado que, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Venezuela tiene la obligación de aplicar las normas más estrictas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivados de los tratados internacionales.
Acá puede leer el texto completo:
«Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay deploramos el deterioro de la situación interna y el recrudecimiento de la violencia en la República Bolivariana de Venezuela, que desde el 6 de abril ha dejado un creciente número de muertos y cientos de heridos.
Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil que marcha para protestar contra las medidas del Gobierno que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de personas jóvenes.
Hacemos un llamado enérgico al Gobierno venezolano para que respete los derechos humanos de sus ciudadanos, como lo contempla su Constitución.
Como actual miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela tiene la obligación de aplicar las normas más estrictas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivados de los tratados internacionales que sobre el tema ha suscrito y ratificado.
En el marco del apego irrestricto al Estado de Derecho y para lograr la estabilización de la situación en Venezuela, reiteramos la importancia de cumplir el calendario electoral, liberar los presos políticos, restituir las funciones de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, así como garantizar la separación de poderes.
Por último, hacemos un llamado a todos los sectores para no avalar acciones que generen más violencia y manifestamos nuestra convicción de que ha llegado la hora de concretar un acuerdo nacional incluyente que provea una solución duradera a la crítica situación que se vive en Venezuela».