Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla, envió una carta abierta al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en respaldo a la labor que esa instancia realiza en el caso Venezuela I.
“Celebramos la decisión tomada el 3 de noviembre de 2021 de avanzar en el proceso y dar inicio a la fase investigativa, así como el anuncio de la instalación de una oficina de su fiscalía en el país, más allá de cualquier ‘cooperación que pudiera obtener de las autoridades”, cita la misiva.
La abogada especialista en derechos humanos consideró de suma importancia que los representantes de la CPI tengan la posibilidad de conocer de cerca la realidad y el contexto histórico venezolano, el contacto directo con las víctimas, sus familiares, sus actores legales y organizaciones denunciantes, “siempre que pueda establecer un mecanismo real que asegure la protección y no persecución de dichas personas”.
El escrito también hizo alusión a la decisión de la Fiscalía de la CPI de desestimar la solicitud del régimen de Nicolás Maduro de prorrogar su investigación.
“Venezuela no proporcionó materiales adicionales aducidos a su solicitud de aplazamiento, sino que se refirió a materiales previamente presentados ante la fiscalía que usted presenta”, señaló Sujú en el texto.
Añadió que esa decisión del régimen de Maduro manifiesta, una vez más, que los representantes del Estado venezolano “no tienen intención seria de realizar investigaciones independientes, imparciales y creíbles que determinen la culpabilidad de los responsables” de esos crímenes, incluyendo a las altas autoridades involucradas.
Por último, solicitó que, una vez reanudado el proceso de investigación, se acelere la determinación de la Responsabilidad Penal Individual de quienes han sido señalados ante la CPI como presuntos altos responsables de esos crímenes.