La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), por petición del régimen de Nicolás Maduro, habría extendido el plazo para apelar la decisión de continuar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
AFP – Reuters
“Siguiendo con sus tácticas dilatorias, el gobierno pidió a la Sala de Apelaciones de la CPI una extensión para formalizar la apelación a la decisión de continuar con la investigación. La Sala acordó la extensión y ahora el gobierno tiene hasta el 14 de agosto”, así lo detalló a través de su cuenta de la red social Twitter Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.
Venezuela notificó a la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) que apelará la decisión del alto tribunal de reanudar la investigación al país por presuntos crímenes de lesa humanidad, anunciada el pasado 27 de junio, informó este martes 4 de julio el Ejecutivo de la nación caribeña.
El régimen notificó a la Sala de Apelaciones de la CPI que apelaría la decisión del alto tribunal de reanudar la investigación al país por presuntos crímenes de lesa humanidad, anunciada el pasado 27 de junio.
«En las próximas semanas y de conformidad con el procedimiento establecido, Venezuela consignará los elementos que respaldan su apelación», aseguró el chavismo en un comunicado.
En el escrito, Venezuela señaló que presentarán elementos «denunciando cada una de las falencias de la citada decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares«, que consideran «claramente contraria a la verdad y la justicia».
Además, el régimen de Nicolás Maduro seguirá adelante con «todas las acciones disponibles en el derecho internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación contra esta ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad de la CPI con fines políticos».
En noviembre de 2022, el fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela -abierta en 2021-, después de que quedara en suspenso a solicitud de Caracas.
La autorización fue concedida al considerar que los «procesos penales internos» de Caracas «no reflejan suficientemente el alcance» del caso y hay «periodos de inactividad inexplicables».
La Sala de Cuestiones Preliminares del alto tribunal señaló que el enfoque de las investigaciones internas «parece estar generalmente en perpetradores directos y/o de menor nivel» y consideró que se han «tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable».
Tras conocerse la decisión, el régimen de Venezuela manifestó su desacuerdo y advirtió de que recurriría ante la Sala de Apelaciones del alto tribunal.