El gobierno interino de Juan Guaidó, junto al embajador Carlos Vecchio, en coordinación con la Procuraduría legítima de Venezuela y la Junta ad-hoc de Pdvsa, lograron evitar la ejecución inmediata de los activos de Pdvsa después de que la minera canadiense Crystallex International demandara a Venezuela por la expropiación realizada por el régimen de Hugo Chávez en el 2008.
AFP- RT
Aunque la sentencia emitida por el Tribunal de Delaware, en Estados Unidos, autorizó a la empresa canadiense a embargar las acciones de PDV Holding Inc., propietaria de Citgo y Pdvsa, y cobrar US$ 1.400 millones, el juzgado permitirá al gobierno legítimo de Juan Guaidó volver a plantear alegatos en primera instancia, lo que podría permitir reabrir el debate judicial sobre el caso desde su inicio.
«Esta es una de las graves consecuencias del régimen de Hugo Chávez y que el gobierno encargado de Guaidó está trabajando en contrarrestar», reza un comunicado.