Hace más de tres años, el concejal de Caracas Fernando Albán murió en extrañas circunstancias mientras permanecía detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en Plaza Venezuela, Caracas.
De acuerdo con la primera versión ofrecida por el fiscal general designado por la extinta asamblea nacional constituyente (ANC), Tarek William Saab, Albán murió cuando pidió permiso para ir a un baño y estando allí, se lanzó al vacío desde un piso número 10. Hecho que no ha sido confirmado a través de las cámaras del recinto.
Sin embargo, en mayo del año pasado, el Ministerio Público (MP) controlado por el régimen de Nicolás Maduro solicitó orden de aprehensión contra dos funcionarios del Sebin – quienes presuntamente eran los encargados de custodiar a Albán – por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido.
Este viernes 18 de marzo, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU denunció que los funcionarios de bajo rango, que fueron condenados por la muerte de Albán, terminaron liberados por el régimen de Nicolás Maduro, después de que se les redujera las sentencias impuestas.
“Los asesinos de Fernando Albán han quedado libres por una medida otorgada por el corrompido sistema judicial venezolano hoy bajo la lupa del Informe de la Alta Oficina de Derechos Humanos que indica cómo ese sistema es cómplice de posibles crímenes de lesa humanidad”, cuestionó la diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015 María Hernández Del Castillo.
Por su parte, el presidente interino de la República, Juan Guaidó, aseguró que “quienes dieron las órdenes desde Miraflores deben ser juzgados y condenados”. “Habrá justicia”, prometió.