El 7 de marzo de 2019, Venezuela, un país abundantemente dotado de recursos hídricos y hogar de una de las hidroeléctricas más grandes del continente, experimentó uno de los episodios más oscuros de su crisis. En medio de la agitación política, heridas abiertas de protestas en 2017, hiperinflación y aumento de la delincuencia, ocurrió lo impensable: el colapso del sistema eléctrico que dejó a 23 de los 24 estados del país a oscuras durante más de cuatro días consecutivos.
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El apagón tuvo su origen en una falla en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como la represa del Guri. Ingenieros de diversas disciplinas indicaron en ese momento que la falta de mantenimiento, debido a la escasez de personal capacitado, llevó al colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Se señaló que la administración chavista cambió la matriz energética, dando prioridad a las plantas termoeléctricas sobre las hidroeléctricas. Sin embargo, las fallas en combustibles y mantenimiento aumentaron el riesgo de una falla en cadena.
El 25 de marzo se produjo un segundo apagón, afectando a 16 estados, aunque se logró restablecer en dos días. El 29 de marzo, en horas de la noche, se desencadenó un tercer gran apagón que afectó a 23 estados durante más de 4 días. Para el 9 de abril de ese mismo año, se produjo un cuarto apagón a nivel nacional.
Nicolás Maduro y su administración, tras restablecer la operatividad de la represa del Guri, afirmaron que la falla fue resultado de un sabotaje a los motores de las turbinas de la hidroeléctrica. A pesar de las acusaciones y la presentación de «pruebas», el Estado culpó a Estados Unidos de perpetrar el ataque a través de la oposición venezolana, liderada en ese momento por Juan Guaidó.
El entonces ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, calificó la situación como una «guerra eléctrica» y acusó a la oposición de llevar a cabo un «sabotaje criminal brutal». Aunque no presentó pruebas, Nicolás Maduro reemplazó a Luis Motta Domínguez, entonces ministro de Energía Eléctrica, por Igor Gavidia en 2019. Sin embargo, la crisis persistió y Gavidia no permaneció mucho tiempo en el cargo.
A medida que la situación persistía, Freddy Brito Maestre asumió la gestión del problema hasta 2020, cuando fue reemplazado por Néstor Reverol, quien continúa en el cargo hasta la fecha. Tras el apagón, la estructura de mando de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la represa quedaron militarizadas.
El apagón, en términos coloquiales, fue la «cereza del pastel», ya que las regiones ya venían experimentando cortes de energía desde años atrás.
Después del gran apagón y una relativa estabilidad, el régimen implementó un racionamiento de energía por regiones, excepto Caracas. Este plan continúa, especialmente en la región de occidente, aunque sin horarios establecidos. Estados como Carabobo, Aragua, Anzoátegui y Monagas reportan diariamente largas jornadas sin luz.