La mayoría oficialista en la Asamblea Nacional (99 diputados) intentará hoy designar a 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); al Fiscal General, Contralor General, y Defensor del Pueblo; y a nueve rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque mucho de esto al margen de la Constitución.
No obstante, salvo en el caso de los magistrados del TSJ que pueden ser electos por la mayoría simple de los parlamentarios (99 diputados), el chavismo tendrá que buscar consenso, primero internamente y luego con la oposición, para lograr designar a los integrantes del Poder Ciudadano y del Poder Electoral en cuyos casos se necesita el voto favorables de, al menos, 110 diputados.
Existe una fuerte confrontación interna por el «diosdadismo» que está a favor de que Luisa Ortega Díaz, actual Fiscal General de la República, continúe enchufada en el cargo, y el «madurismo» encabezado por Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, quien estaría a favor de la salida de Luisa Ortega y de la designación de su «comadre» Miriam Morandy para estar a cargo de la Fiscalía.
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En caso que no prosperen las conversaciones entre el propio chavismo y del chavismo con la oposición para pactar los nombres que dirigirán a la Fiscalía, la Defensoría, la Contraloría y al CNE, se podría volver a convocar otra sesión extraordinaria para el próximo sábado 27 y en última instancia para el martes 30 de diciembre antes de que el chavismo decida designar por mayoría simple (99 votos) a los integrantes del Poder Ciudadano y remitir a los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ la designación de los rectores del CNE.
De hecho al posponerse la sesión extraordinaria del viernes 19 de diciembre, el presidente de la AN, Diosdado Cabello (PSUV-Monagas), explicó: «Si no hay acuerdo (en referencia a los 110 votos necesarios para designar al CNE) eso va inmediatamente al TSJ».
Con relación al Poder Ciudadano, el oficialismo plantea dos opciones. Según el diputado Pedro Carreño (PSUV-Lara) el artículo 279 de la Constitución establece dos procedimientos para realizar la renovación del Poder Ciudadano.
Uno de ellos consiste en que el Consejo Moral convoque al Comité de Postulaciones, lo que obligaría a tomar la decisión con la votación de las dos terceras partes de la AN (110 votos). En este escenario, de no existir acuerdo se procedería a una consulta popular; mientras el segundo procedimiento -según el PSUV- implica que la designación queda totalmente en manos de la AN, por lo tanto las decisión se tomaría por mayoría simple.