El gerente general del diario El Nacional, Jorge Makriniotis, anunció este lunes 2 de agosto que las gestiones hechas para poder imprimir el periódico y llevar su versión impresa a las calles de Venezuela resultaron infructuosas. «Hemos recibido llamadas de varias imprentas indicándonos que no podrán prestarnos apoyo por miedo a posibles represalias»,aseveró.
Fue el pasado 14 de junio, que el propio Makriniotis, adelantó que el periódico tendría nuevamente su edición impresa a partir de agosto.
“El Nacional vuelve a la calle con y para la gente. A partir de agosto van a tener el periódico impreso por suscripción. Los venezolanos van a poder comprar y tener su periódico, el papel y tinta, otra vez en las manos”, dijo Makriniotis.
Estas declaraciones las realizó al cumplirse un mes de la toma de sus instalaciones por parte del régimen de Nicolás Maduro contra la sociedad mercantil Editora El Nacional C.A. En aquella oportunidad, aseguró que no callarían sus voces y seguirían trabajando bajo este nuevo formato.
Los suscriptores interesados solo debían ingresar a la página de El Nacional y elegir un plan de pagos, el cual incluía el delivery, para así poder disfrutar de la versión impresa prometida para su lanzamiento este 3 de agosto. El primer número en físico incluía una versión aniversario especial.
CENSURA DEL RÉGIMEN
A principios de mayo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) – ente también controlado por el régimen de Nicolás Maduro – ratificó al periódico el fallo en el cual se les obligaba a pagar una indemnización a Diosdado Cabello por más de 13 millones de dólares, debido a un presunto «daño moral» por la publicación de una noticia.
El caso se remonta al 2015, cuando el medio replicó una información del diario español ABC, en la cual se indicaba que el líder chavista era investigado por Estados Unidos debido a presuntos nexos con el narcotráfico. «No es posible deducir cómo los jueces concluyeron semejante monto a pagar», fue la respuesta de El Nacional.
Además, señalaron desde el periódico, que Cabello se ampara «ilegítimamente en un caso de daños morales» para pretender «aplicar una especie de derecho del enemigo en contra de los medios de comunicación, y en este caso con la aviesa intención de perpetrar una expropiación encubierta mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación».
Redacción Maduradas con información de El Nacional
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