El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tocará un tema que evidencia el irrespeto que existe en Venezuela en cuanto a la libertad de pensamiento.
Foto: PJ- Vargas
En específico, abordarán denuncias del año 2004, fecha en la que el Consejo Nacional de Fronteras de Venezuela despidió a tres empleadas y, aunque el motivo no salió explícito en la carta, se conoció luego que estaban siendo castigadas por haber firmado una petición a favor de un referéndum revocatorio contra el expresidente Hugo Chávez.
En el mismo sentido, tratarán otros casos similares en oficinas públicas aduaneras y tributarias, de las que fueron despedidos decenas de trabajadores el año pasado, en aparente represalia por haber apoyado un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Human Rights Watch recuerda que los derechos de los ciudadanos a expresar opiniones y participar en el proceso político implican no sólo poder votar en elecciones, sino además no ser objeto de represalias por manifestar su opinión. Esto incluye la prohibición de ser arbitrariamente despedido de empleos públicos.
“El poder judicial ha dejado de funcionar como una rama independiente del gobierno, y los ciudadanos cuyos derechos son violados tienen nulas posibilidades de obtener resarcimiento o de poner freno a atropellos gubernamentales”, advierte Vivanco.