El fiscal general chavista, Tarek Wiliam Saab, anunció este lunes 25 de abril que se iniciará una investigación en el Ministerio Público (MP) por el cobro de dinero que realizan funcionarios policiales a conductores de distintas líneas de transporte; una práctica ilegal mejor conocida como el «matraqueo».
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Son muchas las historias de cómo los ciudadanos, no solamente los conductores de autobuses, han sido víctimas de extorsiones en las carreteras venezolanas.
Durante una entrevista ofrecida a El Diario, Fermín Mármol García, abogado y criminólogo, explicó que los retardos en los procedimientos policiales en las alcabalas se tratan de una desviación en la función pública.
Indicó, que la normativa jurídica venezolana, establece que un funcionario puede revisar a un ciudadano, pero previamente debe hacer del conocimiento del afectado que tiene la sospecha de que está incurriendo en un hecho ilegal.
Por tanto, recomendó estar al día con todos los documentos necesarios para viajar o desplazarse en transporte público. Además, recalcó: «Los policías que realicen estos procedimientos deben estar plenamente identificados y con su respectivo uniforme, puesto que son los únicos que pueden operar en estos casos de civil».
Además, recomendó: «La persona puede tomar una fotografía o video minutos antes de comenzar el proceso de la requisa para avisar a sus familiares o amigos en qué alcabala se encuentra» y «Es totalmente legal grabar la requisa policial y el funcionario no puede confiscar el teléfono de la persona». Nunca cobrar dinero.