Una investigación realizada por el portal Efecto Cocuyo demuestra que los costos de la defensa de activos en el exterior, bajo el control del gobierno interino, eran por el orden de los 23.5 millones de dólares hasta octubre de 2020, pero en la actualidad ascendieron a 50.8 millones de dólares tras la aprobación de la Comisión Delegada Legislativa.
El pasado 12 de enero, los miembros de la Delegada autorizaron el desembolso de 18,749,681.49 dólares para el pago de las deudas adquiridas entre 2019 y 2020 con alguna firmas de abogados que han representado al Estado para la defensa, protección o recuperación de sus activos.
Asimismo, una partida de 1,053,052 dólares fue destinada a la defensa judicial y extrajudicial de activos de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Venezuela y 7,560,540 dólares para el pago de deudas relacionadas con la defensa judicial y extrajudicial de activos de Petróleos de Venezuela.
Estos montos están contemplados en un acuerdo que no se sometió a votación durante la sesión, es decir, que no fue aprobada por la comisión.
De manera oficial, los gastos del Fondo solo fueron publicados parcialmente en el Informe de Gestión 2019 de la Procuraduría Especial y en el video de rendición de cuentas de la Junta ad-hoc del BCV en 2020.
Por otra parte, en un acuerdo donde se autorizó el pago de 18 millones de dólares, la comisión de Finanzas apunta al exprocurador especial José Ignacio Hernández de haber cometido errores procedimentales en las contrataciones de las firmas de abogados.
Sin embargo, Hernández señaló al respecto: «Cuando leí la noticia me sorprendí pues no conozco de ninguna investigación ni fui llamado a comparecer en relación con errores procedimentales. Desconozco cuáles son los fundamentos de esa afirmación que solo ha podido emitirse luego de una investigación imparcial«.
Además, el abogado asegura que las contrataciones de la defensa no se hicieron sin la previsión presupuestaria aprobada e incluso asegura que la demora para la aprobación de los recursos afectó la calidad de la defensa del Estado porque no podía contratar a ningún despacho hasta no contar con la aprobación del Parlamento.
Redacción Maduradas con información de Efecto Cocuyo.
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