Durante la audiencia pública, donde la Corte IDH analiza este jueves el caso del cierre de RCTV, canal que salió del aire en Venezuela hace siete años por disposición de Conatel, Marcel Granier, en función de representante de la planta televisiva denunció el trato “desigual” del Estado al momento de tomar la decisión de no renovarle la concesión de funcionamiento al canal. “La Ley Orgánica de Telecomunicaciones dice claramente que todos tienen que ser tratados igual, que los derechos existentes tienen que ser respetados (…) Entonces yo digo por qué no nos trataron a todos igual. Si necesitaban la frecuencia, que no era el caso porque había de sobra, podían tomar unas de un canal, otras de otras, para que hubiese un canal equitativo”, opinó el otrora presidente del canal.
También, recordó la alocución del fallecido presidente Hugo Chávez, quien se refirió a RCTV como un canal golpista un año antes del cierre. “¿Por qué el Presidente nunca llevó eso a un tribunal? Eso (las denuncias sobre golpismo) nunca llegan a los tribunales y entonces uno no tiene el derecho a la presunción de la inocencia, o a defenderse”, agregó. Aclaró que ningún representante de RCTV fue sujeto a ninguna investigación penal por alterar el orden constitucional.
Granier aclaró que en el año 2007 no vencía la concesión, porque la Ley de Telecomunicaciones del año 2000 contemplaba que, a partir de ese momento, todo se regiría por el nuevo texto legal y no por el decreto 1577, del año 1987. “Nosotros contábamos con que, en el 2002, había un nuevo sistema según lo estipulado en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que superaba al decreto 1577, de 1987, (…) Nosotros pensábamos que por la nueva Ley de Telecomunicaciones, íbamos a discutir si la concesión se extendía hasta el 2022 o hasta el 2027”, argumentó.
Explicó que después del cierre, la empresa pasó de tener 3000 empleados a 1600 trabajadores, que fue el número con el que trabajaron durante a través de los canales por suscripción, “hasta que el gobierno aterrorizó a los cableros y los obligó a sacarnos del aire, ahí sí quedamos unas 110 personas”, agregó.
El testigo propuesto por el Estado, José Leonardo Suárez, dijo que durante los 53 años que RCTV estuvo funcionando hubo “violaciones” a lo contemplado a ciertas disposiciones legales vigentes para la época “por la divulgación de contenidos que, incluso, muchos incurrieron en cierre, estuvieron fuera del aire durante varios años y distintos períodos presidenciales”.
Añadió que algunos de los accionistas de RCTV, hay dos personas jurídicas que prestan servicios de radio, como la Emisora RCR “y ocurre de igual manera en la emisora 92.9 FM”.
Alegó que RCTV Internacional salió posteriormente del aire de las cableras porque durante su funcionamiento, se dictaron una serie de procedimientos normativos, entre ellos uno que regulaba que los canales por suscripción que tuviesen al menos 30% de producción nacional, debían apegarse a las leyes nacionales, aspecto que de acuerdo con Suárez, “RCTV no cumplió”, reseñó el portal de El Venezolano.
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