Este miércoles 14 de agosto, el Gobierno de Nicolás Maduro rechazó las declaraciones de Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, quien solicitó no aprobar dos proyectos de ley en el Parlamento venezolano: uno que trata sobre la fiscalización, regulación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, y otro que combate el fascismo, neofascismo y expresiones similares.
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A través de un comunicado, Venezuela dijo que Türk «se quita la máscara» y «asume el papel para el cual fue colocado» por parte de «poderes imperiales», asumiéndose como «acusador» contra el Gobierno.
Además, expresó que el alto comisionado de la ONU rechaza la acusación de «hechos violentos» durante las manifestaciones posteriores a las elecciones presidenciales, las cuales surgieron en contra del resultado oficial que ratificó a Nicolás Maduro como ganador, una victoria cuestionada por la mayor coalición opositora, así como por Gobiernos extranjeros y observadores internacionales.
«El Gobierno tiene la certeza (de) que no es la ignorancia del Sr. Türk la que lo empuja a desconocer que la gran mayoría de los países del mundo, en todos los continentes, han desarrollado leyes para proteger al pueblo de los males del fascismo y el nazismo«, manifestó el Gobierno.
No obstante, varias organizaciones no gubernamentales han alertado sobre la amenaza de la regulación de las entidades, lo que significa la eliminación del espacio cívico y del derecho de asociación. Por otro lado, la ley contra el fascismo, según Provea, tiene como objetivo «silenciar a sectores críticos y legitimar prácticas persecutorias por parte del Estado venezolano».
El Ejecutivo insistió en que el alto comisionado abandone su actitud hostil y solicite que detenga su brutal ataque a las instituciones venezolanas. El martes, Türk exhortó a las autoridades de Venezuela a rechazar cualquier ley que pueda dañar la democracia y el espacio cívico del país.
Además, alertó sobre la sensación de temor en Venezuela debido a las detenciones arbitrarias constantes y al uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden público después de las elecciones del 28 de julio.
No obstante, el proyecto de ley para supervisar a las organizaciones no gubernamentales fue aprobado por el Parlamento venezolano y contempla la disolución judicial de cualquier entidad que incumpla las normas establecidas en esta legislación.
Redacción Maduradas