De poco le sirvió a la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, levantar polémica y ser el centro de una ola de repudio tras tomar la controversial decisión de juramentarse ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.
En esa ocasión, Gómez argumentó que lo hacía para proteger los intereses de los miles de tachirenses que la habían electo y aseguró que se juramentó con el apoyo de la gente.
«Me reuní con los colegios profesionales, representantes de la academia, productores del agro; incluso con dirigentes vecinales de barrios que estuvieron en resistencia y el 75% dijo que si el líder de Táchira debe humillarse para salvar al gobierno del estado ellos lo apoyaban“, aseveró la mandataria regional el pasado mes de octubre.
“Yo tengo una responsabilidad superior y esa responsabilidad se llama pueblo. Fue ese pueblo quien me puso y me pidió que no lo abandonara. Si por él debo humillarme, lo voy a hacer”, puntualizó la gobernadora tachirense.
Pero, al parecer, sus esfuerzos y «humillaciones» no fueron suficientes para que el gobierno de Nicolás Maduro no intentara disminuir sus competencias.
Este 31 de enero, Freddy Bernal fue designado por Maduro como «protector del Táchira», figura que antes ha usado el chavismo para quitar funciones y recursos a mandatarios opositores en sus respectivas entidades.
Redacción Maduradas
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