El Poder Judicial no tiene atribuciones constitucionales para disolver la directiva del Legislativo, pero como el máximo tribunal del país se ha encargado de violentar todas las leyes y normas falta ver si esta la respeta.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, anunció el viernes que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) preparaba otra sentencia que estaría dirigida a disolver a la Junta Directiva de la Poder Legislativo por desacato a una de las decisiones emanadas de esa instancia contra el Parlamento, referida a las consideraciones que el máximo tribunal hizo al Reglamento de Interior y Debates de la AN.
Sin embargo, los abogados constitucionalistas José Vicente Haro y Juan Carlos Apitz afirman que la Sala Constitucional del Poder Judicial no tiene facultad para disolver ni la directiva ni el cuerpo de diputados de la AN.
Haro sostuvo que Ramos Allup aludió a esa posibilidad en vista de las sentencias que ha emitido el máximo tribunal a espaldas de la Constitución en los últimos meses y, en especial, el fallo en el que se suspenden artículos del Reglamento de Interior y Debates y se aplican nuevos requisitos para legislar.
El jurista indicó que la Sala Constitucional del TSJ, en todo caso, podría abrir un juicio para solicitar a la junta directiva de la Asamblea Nacional que exponga sus argumentos y aclare por qué no está incurriendo en desacato de la medida y, posteriormente, se tomaría una decisión, reseñó El Pitazo.
“La Sala Constitucional, al menos en teoría, no puede disolver la Asamblea Nacional, y eso ocurre, por exceso de la sala, habría un motivo más para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”.
El abogado constitucionalista, Juan Carlos Apitz, indicó que el TSJ no podría castigar ni encarcelar a un diputado porque tiene inmunidad parlamentaria y recordó que el único que puede revocar a un parlamentario es el pueblo que lo eligió. “Lo máximo que podría hacer la Sala Constitucional sería emitir una orden para que se cumplan el fallo”.
Aunque sostuvo que con los actuales magistrados de la Sala Constituciónal del TSJ “cualquier cosa puede ocurrir”, Apitz cuestionó que en el país “no hay un Estado de Derecho” y señaló que el TSJ acabó con la figura de la inmunidad de la cual gozan los funcionarios públicos elegidos mediante sufragio.