El pasado sábado 27 de agosto se registraron al menos siete heridos y cuatro detenidos durante las protestas en apoyo a la expresidenta argentina Cristina Kirchner en la zona de La Recoleta, un exclusivo barrio de Buenos Aires.
El altercado entre la Policía y los manifestantes inició cuando la valla que la administración municipal mandó a poner en la zona fue tumbada por los protestantes.
Los heridos son siete efectivos policiales mientras que entre los detenidos están tres dirigentes de La Cámpora: el diputado provincial del Frente de Todos Matías Molle, el dirigente político Fabian “Conu” Rodríguez y el exdiputado provincial Facundo Tinganelli, quienes según el diario La Nación fueron liberados tras la manifestación.
El Ministerio de Interior de Argentina justificó la decisión de desplegar el operativo policial, en la cuadra donde vive la vicepresidenta Cristina Kirchner, debido “a los reclamos y denuncias de los vecinos contra la gente que estaba en la calle”.
“La única respuesta de las fuerzas de seguridad ante la gran violencia desatada contra ellos fue a través del camión hidrante, utilizando sólo agua”, comunicaron.
Cristina agradeció en redes el apoyo de los manifestantes, solicitándoles que no abandonen sus convicciones y el amor a la Patria.
«Ha sido un largo día. Quiero decirles que aunque viviera mil años, nunca me va a alcanzar para agradecerles el amor, la solidaridad y la lealtad de todos ustedes», publico.
El 22 de agosto, un fiscal argentino solicitó 12 años de prisión contra Cristina Kirchner. La expresidenta está acusada, junto a otras doce personas, por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas. La Fiscalía solicitó también, en su última audiencia de alegatos, su inhabilitación política de por vida.
«Quieren tomarse revancha, esto disciplina a la clase política para que nadie se atreva a hacer dos veces lo mismo», afirmó Kirchner, tras asegurar además que era un juicio «al peronismo».
Se estima que el veredicto se conocerá hacia fines de año. En caso de condena, Kirchner puede apelar. Hasta que no haya una sentencia firme de la Corte Suprema y debido a su inmunidad política como vicepresidenta y presidenta del Senado, no iría presa ni tampoco quedaría inhabilitada.