“La defensa del territorio Esequibo es una obligación ineludible del Estado venezolano que debe cumplirse permanentemente”, así reza parte de un comunicado emitido este miércoles 29 de noviembre por parte del partido político opositor Primero Justicia (PJ).
En concreto, el partido amarillo dejó a libre albedrío de los venezolanos participar o no en el referendo consultivo del próximo 3 de diciembre. Posición consonante con lo dicho por la Plataforma Unitaria hace varias semanas.
Se enfatizó en la invitación “a los venezolanos, desde su fuero interno y haciendo uso del libre albedrío, a tomar la decisión de participar o no en dicha consulta”.
Sin embargo, acotaron: «Condenamos enérgicamente que se pretenda instrumentalizar políticamente un asunto que corresponde a la soberanía nacional».
En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —controlado por el régimen de Nicolás Maduro— declaró procedente el 16 de noviembre la solicitud de protección del referendo del 3 de diciembre, con el que el país busca anexionarse el territorio en disputa con Guyana, ante cualquier acto o decisión extranjera, mientras se espera una resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
De acuerdo a lo reseñado por la agencia de noticias EFE, la Sala Constitucional del Supremo publicó su decisión, un día después de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, acudiese al TSJ a pedir esta protección, en defensa de los derechos políticos de los venezolanos.
En concreto, la Justicia dictó que «Cualquier decisión o actos materiales de personas naturales o jurídicas (nacionales o extranjeras), organismos internacionales o Estados nacionales, que desconozcan, impidan o pretendan obstaculizar» la consulta «no tendrá ninguna validez ni eficacia jurídica».
Por ello, el TSJ emplazó a las instituciones venezolanas no reconocer estos actos, y, en cambio, ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a continuar con este proceso que no tiene carácter vinculante y que no encierra en sí mismo un cambio inmediato en el territorio disputado de casi 160.000 kilómetros cuadrados.
Además, el Supremo obliga a Nicolás Maduro a «continuar con la protección de los derechos e intereses de la República en torno a esta causa histórica nacional en la defensa de su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba», un área sobre la que Venezuela no ejerce control desde 1899.