El partido político Primero Justicia (PJ) emitió un comunicado este jueves, 3 de octubre, en relación con la detención del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, quien también es miembro de dicha organización y fue detenido por órdenes del chavismo.
“Desde Primero Justicia rechazamos las falsas acusaciones por parte del Ministerio Público (MP) del régimen de Nicolás Maduro en contra del miembro de la dirección nacional de nuestro partido y alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez Colina”, inicia el comunicado difundido a través de X (Twitter).
“Rafael es un servidor público excepcional, hombre intachable, que ha trabajado con compromiso por el bienestar de los marabinos, el cual fue detenido de forma arbitraria por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)”, denunció el partido.
Así la tolda amarilla condenó la detención del alcalde del municipio Maracaibo, quien será acusado de «graves hechos irregulares» relacionados con corrupción, adelantó este mismo miércoles el MP.
Según un comunicado, en «las próximas horas» Ramírez Colina y «otros colaboradores» serán presentados ante un tribunal para «ser imputados por los graves hechos irregulares que se les atribuyen», con base en «suficientes elementos de convicción y fehacientes pruebas» recabadas en «pesquisas adelantadas en coordinación con la Policía Nacional contra la Corrupción».
El MP señaló que un fiscal especializado en la materia «se encuentra procesando varias denuncias en contra de funcionarios adscritos a la Alcaldía de Maracaibo por delitos previstos en el catálogo de tipos penales de la Ley contra la Corrupción».
Según dijeron a la agencia de noticias EFE fuentes de la Alcaldía, también fueron aprehendidos el director general de seguridad ciudadana de Maracaibo, David Barroso, y dos miembros del equipo de seguridad de Ramírez Colina.
La Alcaldía de Maracaibo denunció que la detención de su titular se efectuó «sin justificación y explicación alguna», por lo que exigió su «inmediata» liberación.
El ayuntamiento hizo un llamado al «respeto por las instituciones» y «los espacios físicos de los poderes públicos municipales», así como al «resguardo de cada uno de los más de 8.000 servidores públicos» de la ciudad.