“Ningún violador merece perdón ni olvido”, ha sido parte del desgarrador testimonio por años de Linda Loaiza López Soto, quien estuvo secuestrada 112 días por Luis Antonio Carrera Almoina, miembro de una familia reconocida en el mundo académico venezolano, a quien en la prensa calificó como el “Monstruo de los Palos Grandes” (Caracas). Está acusado de violarla, mutilarla y de convertirla en esclava sexual, desde marzo hasta el 19 de julio de 2001 cuando fue finalmente rescatada.
Pese a sus esfuerzos, en octubre del 2004 la juez Rosa Cádiz absolvió a Carrera Almoina de todos los cargos. Él dijo que Loaiza había llegado golpeada a su casa y que no denunció porque ella no quería implicar a personas allegadas.
Sin embargo, logró en 2018 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara al Estado venezolano por haber violado los derechos de Loaiza en el proceso judicial que se siguió en Venezuela por su caso.
En consecuencia, en una carta escritores, periodistas, artistas, defensores de derechos humanos y otras personalidades señalaron que la CIDH, en una sentencia de 2018, dispone que el Estado venezolano debe, dentro de un plazo razonable, continuar eficazmente la sustanciación del proceso penal en curso en el ámbito interno y, en su caso, sancionar a los responsables por los hechos de tortura y violencia sexual en perjuicio de la víctima.
Personalidades pidieron a Horacio Biord Castillo, director de la Academia Venezolana de la Lengua, la expulsión del escritor Gustavo Luis Carrera Damas, padre de Carrera Almoina, por el caso de Linda Loaiza López.
“Los estatutos de la Academia Venezolana de la Lengua establecen que la condición del individuo de número es ‘vitalicia e irrenunciable’, lo que sabemos, pero también su artículo 6 indica que los individuos deben distinguirse por una amplia y merecida reputación en el cultivo de las letras y en su conducta ciudadana”, señalaron.