El partido Primero Justicia (PJ) renunció este lunes 27 de septiembre a formar parte de “los espacios que atienden” la gestión de activos en el exterior, luego de que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no eligiera sus propuestas.
Primero Justicia – AFP
Esa posición se adoptó después de que, a inicios de septiembre, se conociera que la Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) tomara el control de Monómeros, filial colombiana de Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequeven) y que estaba manejada por el gobierno interino de Juan Guaidó desde 2019.
En un comunicado, PJ añadió que se retiran “con la intención de facilitar y presionar la concreción de una solución que preserve los activos para Venezuela”, aunque advierten que “seguirán levantando” su voz para criticar la gestión de esos recursos.
“Vemos con suma preocupación la falta de voluntad política y de buena disposición para explorar y discutir soluciones para proteger a los activos de la república del régimen (de Nicolás Maduro) o de sus acreedores”, resaltó el partido en el que milita Henrique Capriles Randoski en un comunicado compartido en redes sociales.
Reacción del gobierno interino
En ese sentido, el gobierno encargado de Guaidó reaccionó a las acusaciones realizadas por Primero Justicia, en un comunicado en el que ratificó la “legitimidad y necesidad de proteger los activos de los venezolanos”.
“Desde 2019 hemos protegido y seguiremos protegiendo los actos de la nación del saqueo de la dictadura, procurando todos los mecanismos necesarios para ello, amparados en el artículo 233 de nuestra Constitución y gracias al reconocimiento del mundo a la lucha por la recuperación de la democracia de los venezolanos”, así inicia el texto.
Aclara que “todas” las medidas relacionadas con la protección, recuperación y administración de activos fueron adoptadas “con la participación y acuerdo de todas las fracciones parlamentarias, con base en criterios constitucionales, institucionales y de representatividad”.
PJ argumentó que renunciaba a participar en esos espacios por la “falta de receptividad” de Guaidó y representantes del gobierno encargado, sobre todo de la organización policía Voluntad Popular (VP).
“La responsabilidad de las decisiones sobre la protección de los activos no ha sido ni será una discusión partidista, mucho menos de una persona, pues es un asunto de Estado y así debe tratarse. Este ha sido nuestro compromiso y así seguirá siendo”, cita el escrito del gobierno interino.
Redacción Maduradas
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