María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, cuestionó este jueves 11 de marzo la función del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el mismo donde se presentó una nueva actualización del informe de la alta comisionada para los DDHH, de dicho organismo multilateral, Michelle Bachelet.
EFE
«Cuántos muertos más hacen falta para que ustedes actúen, cuántos desaparecidos y presos políticos. No es suficiente seis millones de migrantes y desplazados. ¿Necesitan 10, 15? ¿Para qué existe este Consejo de Derechos Humanos? ¿Para escuchar a tiranos y criminales o para escuchar a las víctimas? ¿Para lavarle la cara a los peores violadores de derechos humanos del mundo o para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades?», cuestionó por medio de un video.
«Es una vergüenza que el régimen venezolano, acusado de crímenes de lesa humanidad, sea parte de este Consejo. Ello no legitima a Nicolás Maduro, deslegitima al Consejo», agregó.
ACTUALIZACIÓN DEL INFORME BACHELET
Bachelet solicitó nuevamente este jueves investigaciones sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se están realizando en el país, por parte de los organismos de seguridad controlados por Maduro.
«Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica», exhortó Bachelet.
También manifestó su temor por las organizaciones no gubernamentales y sus activistas ante el incremento de la persecución y represión por parte del chavismo.
«Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONG, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos», sostuvo la expresidenta chilena, quien igualmente abogó por la libertad de expresión y los dirigentes políticos opositores.
«Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico. Desde septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares», continuó.