Los países del Grupo de Lima exigieron este martes al Gobierno de Venezuela una investigación parcial e independiente sobre la muerte bajo custodia de las autoridades del concejal Fernando Albán.
Créditos: Reuters
«El Grupo de Lima urge al Gobierno de Venezuela a realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente, con aval internacional, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan», exigió el ente en un comunicado.
El documento, firmado por los Gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, expresa la «profunda preocupación por la trágica muerte» de Albán, del partido Primero Justicia, ocurrida este lunes «en circunstancias aún no esclarecidas».
El concejal opositor fue encarcelado en las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia por su supuesta responsabilidad en el atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro, del pasado 4 de agosto.
La Fiscalía venezolana informó el lunes que el concejal supuestamente implicado en el ataque se suicidó lanzándose desde el décimo piso de un edificio policial cuando iba a ser trasladado a tribunales.
Albán era concejal en el municipio caraqueño de Libertador, sede de todos los poderes públicos y territorio considerado bastión del chavismo gobernante.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció que investigará la muerte del opositor en el ámbito del informe que realiza el Consejo de Derechos Humanos sobre los abusos cometidos en Venezuela.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, responsabilizó hoy al Gobierno de Maduro del «homicidio» del concejal y pidió a la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) investigar su muerte, pues rechazan la versión oficial de suicidio.
El Grupo de Lima reiteró además su condena «a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la persecución política y la existencia de presos políticos».
Al mismo tiempo, reiteró su decisión de seguir realizando «todos los esfuerzos diplomáticos posibles dirigidos a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos, y a la plena vigencia del estado de derecho en Venezuela».