Todo comenzó con el comentario de una profesora de danza a una niña de nueve años: «estás gorda», desencadenando al monstruo del acoso escolar.
El bullying está en la mira de la justicia en Venezuela, a través de una ofensiva legal contra la violencia en escuelas que trajo 84 imputaciones a adolescentes entre enero y junio de 2022, informó el fiscal general, Tarek William Saab, quien impulsa un proyecto de ley en la materia.
«Iba a clases de danza a disfrutar, a aprender, y todo el mundo: ‘ay, mira a la gorda…'», relata a la AFP Iris, nombre ficticio para proteger su identidad. «Dejé de comer. De ‘la gorda’ pasé a ‘la flaca’ y entonces se metían con la flaca. Entré al liceo (bachillerato) y fue una pesadilla», continúa esta joven, ahora de 15 años.
La Fiscalía reporta 341 casos de violencia escolar en el primer semestre, la mayoría, 207, por lesiones. Nueve trajeron investigaciones contra autoridades educativas, acusadas de «omisión» ante denuncias.
La ley en este país establece responsabilidad penal desde los 14 años, con penas máximas de 10 años de prisión.
Organizaciones defensoras de niños y adolescentes como Cecodap celebran el debate sobre el bullying, agravado tras la larga parálisis escolar por el covid-19, pero alertan que el foco debe estar en «políticas socioeducativas».
La crisis económica venezolana, subrayan, aumenta la «vulnerabilidad».
«Si sancionas, previenes»
«Cuando tú sancionas, tú previenes un delito. Cuando no hay impunidad, tú previenes», dice el fiscal Saab en una entrevista con la AFP. «El hecho de que usted sea menor de edad no le da inmunidad».
Saab propuso al Parlamento el Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar, que plantea desarrollar «programas de protección».
Al cierre del año académico 2021-2022, el Ministerio Público promovió un «plan de prevención» con charlas a estudiantes, padres, profesores y trabajadores de escuelas con información sobre el bullying y sus consecuencias penales.
«¡No al acoso escolar! Si ves algo, cuéntalo», decían volantes repartidos por estudiantes en la mayor barriada de Venezuela, Petare.
Habían oído una de las charlas en las escalinatas del patio de una escuela pública de 1.200 alumnos, saliendo luego a la calle con carteles con palabras como «respeto» o «tolerancia».
La Fiscalía espera «masificar» estas actividades el próximo año escolar, que arranca en septiembre.
«Una cosa es enfocar todo en estrategias punitivas y otra cosa es la impunidad», dice a la AFP Oscar Misle, director de Cecodap, ONG que da asesoría psicológica y jurídica gratuita a niños y adolescentes. «Debe haber políticas socioeducativas».
«Monstruo bajo la cama»
Muchas víctimas callan por miedo. Iris sí denunció a sus agresores en la escuela pública donde estudiaba.
«La solución fue firmar un acta: tú no te vas a meter más con ella. Mentira. No te podías meter conmigo en el colegio, pero por redes sociales me bombardeabas», recuerda esta joven, que debió cambiar de escuela. «Es el monstruo que sale bajo la cama todos los días en tu escuela, diciéndote: ‘hola, aquí estoy’. Y luego en tu computadora, tu teléfono, ‘hola'».
Hay, enumeran especialistas, consecuencias serias: insomnio, ansiedad, depresión… y suicidio. Hace unos meses, un joven de 14 años en el estado Mérida, acosado por dificultades de habla, intentó suicidarse al tomar un herbicida.
Saab ha divulgado en redes varios casos, con videos virales de agresiones, y publicó nombres, aunque la ley prohíbe divulgar datos de menores en procesos judiciales, lo que despertó críticas. Empezó a usar iniciales tras esos cuestionamientos.
Defiende lo que llama «una cruzada»: «Ver a un hijo de 14 o 15 años, imputado por haber lesionado, agredido a un compañero, yo te aseguro que va a generar una reflexión» en familiares y autoridades escolares.
«Tsunami»
Misle alerta que el acoso escolar encontró abono en la crisis: problemas de talla por mala alimentación o, simplemente, un uniforme roto fueron «caldo de cultivo». Y llegó la pandemia.
Cuando los estudiantes se reencontraron en las escuelas en enero de 2022 tras más de un año de clases a distancia, los problemas se multiplicaron, entre cambios físicos y nuevos intereses.
Fue un «terremoto», sostiene Misle. «Pensábamos que teníamos que abocarnos a ver cómo recogíamos los escombros, pero no nos dimos cuenta del tsunami» del impacto en la «salud mental» de meses de confinamiento.
La ley en debate llama a crear mecanismos de «atención multidisciplinaria» para la salud física y mental. Hay un obstáculo: el déficit de maestros por los pobres salarios y la masiva migración hace que la ausencia psicopedagogos en las escuelas sea la norma.
AFP
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