Como era de esperarse, nuevamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dado un paso para frenar las acciones y decisiones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Este lunes, la Sala Constitucional del TSJ ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, que sancionó el parlamento venezolano hace una semana, a pesar de la negativa del gobierno y de la bancada del oficialismo.
El mismo presidente Nicolás Maduro, ordenó al TSJ en un acto con seguidores del chavismo, declarar inconstitucional la ley que daría libertad a Leopoldo López y a otros tantos presos políticos.
A continuación parte del texto que se observa en la sentencia:
La prohibición de desconocer a las víctimas directamente vinculadas con la determinación de los autores, no se justifica en una mera actividad de tipo abstracta-racional vinculada con los principios universales –que ubica el ejercicio de la actividad legislativa, jurisdiccional y administrativa en un limbo ahistórico–, por el contrario la memoria de las experiencias vitales –vrg. Los testigos de las atrocidades, personas mutiladas, quemadas o discapacidades de diverso grado, generadas por los hechos delictivos que afectan a su entorno familiar y social– que sólo pueden incorporarse al mundo jurídico a través de un filtro epistemológico que las categoriza en los supuestos de la norma jurídica; que si bien permite racionalizar el concepto de dignidad humana vulnerada que es garantizada mediante la correspondiente sanción; funge en realidad como el único puente real de la sociedad para evitar que se vuelvan a cometer tales atrocidades, la negación de la memoria histórica y de la debida sanción de los crímenes ajenos a los límites de las amnistías, es propia de los regímenes absolutistas que pretender borrar la historia, lo cual se resume en el cuestionamiento atribuido a ADOLF HITLER: “¿Quién se acuerda todavía hoy de los armenios?” (cfr. MARGALIT, AVISHAI. Ética del recuerdo. Herder, Barcelona, 2002, p. 67), que podría reformularse hoy, en los siguientes términos: ¿Quién se acuerda todavía hoy de las víctimas?, y cuya respuesta no puede ser otra que el Estado, sus instituciones y particularmente esta Sala Constitucional.