La Gobernación del estado Vargas prohibió desde esta semana el ingreso de motorizados a cualquier área del aeropuerto internacional de Maiquetía, ahora, ¿quién impide la matraca y falta de ética de los funcionarios en la terminal aérea?.
La medida es anunciada tras el asesinato del marino egipcio Abdelrahman Ismail Elsayed Hassan (30), hecho sucedido la tarde del sábado 19 de marzo, cuando el extranjero transitaba desde la terminal internacional hasta la terminal nacional del aeródromo litoralense. El marino fue abordado por un duo de antisociales que huyeron a bordo de una moto modelo RKV.
La decisión es ejecutada por alcabalas de Polivargas colocadas en los dos accesos principales del aeropuerto, donde los motorizados son detenidos para solicitar su documentación y posteriormente informarles que tienen prohibido el paso, reseñó El Pitazo.
“La decisión forma parte de las medidas de seguridad que estamos implementando para minimizar la inseguridad en Maiquetía. Estamos trabajando de manera conjunta con la Policia Municipal, el Sebin, la Guardia Nacional Bolivariana y el CICPC”, explicó el Secretario de Seguridad Ciudadana de Vargas, Andrés Goncalves, quien apuntó que el despacho regional emitirá un decreto para respaldar legalmente la norma, iniciativa planteada por el gobernador Jorge García Carneiro.
Por su parte el General de División, Danilo Tello Yaguaramay, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Vargas (Zodi Vargas) informó que la seguridad aeroportuaria será reforzada con 100 efectivos de la Guardia Nacional. “Los funcionarios están adscritos al Destacamento 451 y cumplirán roles de guardia de 24 horas, para custodiar las zonas que son calificadas como inseguras por usuarios y empleados”.
Fuentes relacionadas con el Destacamento 451 de la Guardia Nacional indicaron que los residentes de “Brisas de Maiquetía”, urbanismo levantado al lado del estacionamiento de la terminal internacional, que requieran transitar en moto hasta su vivienda “deberán registrarse en el comando y gestionar un pase tipo salvoconducto, que deberá contar con el aval del consejo comunal de los edificios, que den fe del comportamiento de ese ciudadano”.