El presidente Nicolás Maduro, relanzó el Sistema de Protección Popular, conocido como SP3, el cual le permite a los ciudadanos realizar labores de espionaje para aportar pruebas, que le permiten al gobierno implementar prácticas de delación y detección de ciudadanos que rechazan el Estado.
Dicho sistema reedita preceptos de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia bautizada como ‘ley sapo’ del año 2008, que fue promulgada por el entonces presidente Hugo Chávez.
El ejecutivo relanzó dicha ley debido a los recientes hechos de violencia registrados en las poblaciones de La Fría (Táchira), Guasdualito (Apure) y Bolívar.
La presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel, manifestó su preocupación ante el relanzamiento de esta ley y consideró que la misma debe ser regulada pues los ciudadanos pueden ofrecer pruebas falsas.
“Se estaría acentuando esa práctica en la que cualquier persona desconocida puede elevar acusación infundada que podría ser usada para encarcelar a algún ciudadano que no comulgue o proteste en contra del Gobierno, como ocurrió con el diputado Rosmit Mantilla”, advirtió.
San Miguel consideró que «las labores de espionaje no pueden ser depositadas en los ciudadanos».
El SP3 también fue implementado por el presidente Nicolás Maduro durante el 2014 con el propósito de “detectar grupos, bandas criminales y paramilitares”.
Con información de El Pitazo
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