La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, señaló este jueves 11 de marzo que la celebración de elecciones creíbles en Venezuela pasa por la renovación de las autoridades del cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE), señalado de estar bajo el control del régimen de Nicolás Maduro.
AFP/Cristian Hernández
«El nombramiento del próximo CNE es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones», enfatizó durante su discurso en la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Asimismo, sostuvo que “una amplia participación dará fe de su autenticidad y será garante de su éxito”, en alusión a los comicios de gobernadores, que por decisión de la Asamblea Nacional (AN) ilegítima y electa el pasado 6 de diciembre se realizarán junto con las de alcaldes.
ACTUALIZACIÓN DE SUS DENUNCIAS
Además, solicitó nuevamente investigaciones sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se están realizando en el país, por parte de los organismos de seguridad controlados por Maduro.
«Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica», exhortó Bachelet.
También manifestó su temor por las organizaciones no gubernamentales y sus activistas ante el incremento de la persecución y represión por parte del chavismo.
«Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONG, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos», sostuvo la expresidenta chilena, quien igualmente abogó por la libertad de expresión y los dirigentes políticos opositores.
«Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico. Desde septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares», continuó.