Organizaciones de la sociedad civil declararon este martes 20 de abril su rechazo y exigen la derogación de la nueva providencia de registro por terrorismo y otros delitos en Venezuela, que obliga a las ONG del país a suministrar información privada que atentan contra las normas internacionales de protección.
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Por medio de un comunicado, se señaló que la providencia 001-2021 publicada en la Gaceta Oficial Nro. 42.098 del 30/03 exige a las ONG suministrar información al Estado sobre su financiamiento, alianzas y actividades, además de exigirle una lista de personas que resultan beneficiadas con sus programas. Subrayaron, que la acción resulta contraproducente y, lo que es peor, pone en riesgo la existencia de las organizaciones.
«Al establecer la posibilidad de ilegalización e inclusive cárcel, por incumplimiento, pone en riesgo la acción de miles de organizaciones que prestan un constante apoyo a los sectores más vulnerables de la población en un momento que millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos», reza parte de la misiva, la cual fue publicada en el portal web del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Se enfatizó que la medida deriva de «una normativa sub-legal, que regula asuntos reservados a las Leyes, con un rango inferior incluso a reglamentos y resoluciones, que establece procedimientos, requisitos, plazos y certificaciones para las organizaciones de la sociedad civil, no contemplados en ningún instrumento del ordenamiento jurídico venezolano y que, por lo tanto, son arbitrarios, intrusivos y ajenos al supuesto fin que dicen perseguir».