El Observatorio Venezolano de la Justicia denunció este miércoles 13 de enero que seis trabajadores de la organización no gubernamental (ONG) Azul Positivo, sociedad civil orientada hacia la prevención del VIH y la promoción de la Salud Sexual, «serán procesados ante la jurisdicción militar» sin el derecho a la defensa de un abogado.
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«Exigimos el cese del hostigamiento y persecución a sus miembros y a las organizaciones no gubernamentales, activistas y defensores de derechos humanos», abre el comunicado emitido por Acceso a la Justicia, luego del allanamiento por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a la sede de la mencionada ONG ubicada en el estado Zulia.
«Han transcurrido 24 horas de su detención. Hasta el momento no se ha permitido acceso a sus abogados y se desconoce preliminarmente qué hechos les atribuyen. Extraoficialmente se supo que es posible que la audiencia de presentación se realice en tribunales militares», se agrega.
El Observatorio Venezolano de la Justicia enfatizó que el caso representa una violación a los derechos humanos. «En primer lugar, negar el acceso a un abogado de confianza contraría las disposiciones del ordinal 2 del artículo 44 de la Constitución. Segundo, cualquier detención debe ajustarse a parámetros establecidos en el ordinal 1 artículo 44 de la Constitución. Esto implica haber estado incurso en investigación penal o que se cometiera delito en flagrancia. Tercero, en caso de oficializarse la presentación ante tribunales militares, se vulneraría el principio de juez natural (ord. 4 art. 49 y art. 261 de la Constitución)», se explica.
«Advertimos que la detención de los activistas de Azul Positivo apunta ser una detención arbitraria e inconstitucional, violatoria al debido proceso», cierra el comunicado.