En las bóvedas del Banco de Inglaterra, donde las naciones extranjeras guardan parte de sus vastas reservas de oro, se encuentran 1.700 millones de euros de lingotes de oro en disputa.
Prensa Presidencial (@PresidencialVE) – EFE
Dos partes lo reclaman. Nicolás Maduro dice que ese oro pertenece al banco central de su administración. El rival de Maduro, el líder opositor Juan Guaidó, a quien el gobierno británico reconoce como el legítimo líder de Venezuela, dice que las barras son suyas.
La próxima semana, un tribunal comercial británico comenzará a decidir cuál es el reclamo justo después de que el Banco Central de Venezuela (BCV) demandó al Banco de Inglaterra (BOE) para conseguir el acceso a las barras. No se espera una resolución de la audiencia hasta agosto o septiembre, escribió el juez en un fallo del 28 de mayo.
Está en juego una parte considerable de las menguantes posesiones extranjeras del asediado gobierno de Maduro. Los abogados que representan al BCV dicen que gran parte del oro se vendería para financiar la respuesta de Venezuela al coronavirus, ante la debilidad de un sistema de salud destruido por seis años de crisis económica.
La oposición, liderada por Guaidó que hace año y medio comenzó una presidencia interina, alega que Maduro quiere usar el oro para pagar a sus aliados, lo que sus abogados niegan. En los últimos dos años el gobierno ha retirado unas 30 toneladas de las bóvedas del emisor en Venezuela para venderlas ante las urgencia por tener divisas, según datos del BCV y fuentes.
El equipo del líder opositor espera que un veredicto favorable del tribunal inglés pueda influir en otros países para darles el control de más activos venezolanos, incluyendo unos 5.000 millones de dólares en fondos estatales congelados en cuentas bancarias extranjeras.
“Sin duda, el reconocimiento de la corte sería un antecedente muy importante”, dijo José Ignacio Hernández, el principal representante legal de Guaidó en el extranjero.
El Banco de Inglaterra ha declinado hacer comentarios sobre el caso.
En mayo de 2018 Maduro fue reelegido en una votación que la coalición opositora boicoteó y calificó como una farsa. Luego Boris Johnson, entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, dijo a los periodistas: “Es posible que tengamos que apretar el tornillo económico sobre Venezuela”.
Preocupado por las crecientes sanciones contra el gobierno de Maduro, el BCV a fines de 2018 le dijo al BOE que quería repatriar 14 toneladas de oro que había almacenado allí bajo un acuerdo de custodia. En diciembre de ese año, Calixto Ortega, presidente del BCV, viajó a Londres para discutir la movilización del oro con funcionarios del BOE, según Sarosh Zaiwalla, un abogado con sede en Londres que representa al BCV.
Los funcionarios del BOE le dijeron a Ortega que no podían aceptar sus instrucciones ya que había un problema con su autoridad, dijo Zaiwalla a Reuters.
En febrero de 2019, Gran Bretaña se unió a Estados Unidos y a docenas de otras naciones para respaldar el reclamo de Guaidó. En abril, el Tesoro de Estados Unidos sancionó al BCV, alegando que Maduro lo estaba usando para “saquear” los activos venezolanos para “enriquecer a los corruptos”.
Previa las sanciones, el gobierno de Maduro pagó en febrero de 2019 un préstamo acordado con Deutsche Bank que usaba oro como garantía. Esto dio como resultado que se devolvieran 17 toneladas de oro al BCV, dijeron personas familiarizadas con el acuerdo, lo que elevó el total de tenencias del BCV en el BOE a 31 toneladas.
Las sanciones causaron la terminación anticipada de varios canjes de oro que el BCV había acordado con entidades como Deutsche Bank entre 2015 y 2017, según una cronología presentada ante el tribunal por el equipo legal de Guaidó.
El equipo del dirigente opositor le pidió a la corte inglesa que determinara quién tenía la autoridad para representar al BCV y recibir el oro. En julio, Guaidó nombró su propia junta del banco central.
El gobierno de Maduro contrató a Zaiwalla en febrero para reemplazar a otro bufete de abogados. Zaiwalla dice que Ortega lo contactó después de representar al Banco Mellat, de Irán, en un caso que buscó una reparación de daños del gobierno británico por imponer sanciones que perjudicaron su reputación y buena voluntad. El gobierno británico llegó a un acuerdo el año pasado por 1.250 millones de libras.
“Es probable que este caso tenga cierta importancia porque la decisión de un tribunal del Reino Unido se respeta en todo el mundo”, dijo Zaiwalla.
“PRECEDENTE IMPORTANTE”
En abril, Zaiwalla envió a los abogados del BOE una carta indicando que facilitaran la venta de 1.000 millones de dólares en oro y transfiriera la suma al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que compraría los medicamentos y alimentos necesarios para la respuesta venezolana al coronavirus, según documentos presentados en la corte.
Cuando el BOE no cumplió, Zaiwalla presentó en mayo un reclamo legal contra el banco, diciendo que estaba privando al BCV de fondos en un momento de “emergencia nacional y global”.
“Eso es lo peor que una nación puede vivir. No tiene ingresos, no tiene capacidad de hacer caja y los fondos que tiene depositado afuera no los puede movilizar”, dijo Ortega a Reuters en mayo.
Hasta ahora, la administración de Maduro dice que el virus ha provocado la muerte de 28 personas y hay más de 3.400 contagiados. El número de infecciones se ha acelerado en las últimas semanas, lo que aumenta la preocupación de que cualquier salto en pacientes gravemente enfermos podría saturar los hospitales, que a menudo carecen de insumos como jabón y agua corriente.
El PNUD confirmó que el BCV lo contactó. En una carta vista por Reuters y enviada al delegado de la oposición para asuntos humanitarios el 3 de junio, el director regional latinoamericano del PNUD dijo que cualquier compromiso del PNUD solo seguiría un “acuerdo formal” entre el BCV y el BOE.
En respuesta al reclamo, el BOE solicitó al tribunal que determinara si debía seguir las instrucciones de las juntas de Maduro o de Guaidó.
En sus argumentos presentados ante el tribunal, el BCV de Maduro dice que el tribunal debería considerar qué lado controla el estado en Venezuela y cuyo embajador es reconocido por el gobierno británico.
La lista actual de representaciones diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido menciona a un funcionario designado por Maduro como embajador, no al embajador de Guaidó, Vanessa Neumann. Neumann dijo a Reuters que esto se debe a que Guaidó no controla la autoridad de inmigración.
El equipo de Guaidó argumenta que el tribunal debería basar su decisión en el reconocimiento del gobierno británico de su autoridad. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en una carta al tribunal en marzo, confirmó que esa sigue siendo la posición del gobierno.
Mientras tanto, la oposición dice que las autoridades en Venezuela están tratando de presionar a las figuras involucradas. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, acusó a Guaidó y su representante legal de “tratar de robar el oro”.
El primero de junio, Hernández, quien vive en Estados Unidos, denunció que las fuerzas de seguridad venezolanas habían allanado la casa de sus padres en Caracas. Agregó que fue en represalia por defender los activos de Venezuela en el exterior.
Redacción Maduradas con información de Reuters
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