El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, regresó a La Haya de una misión en Venezuela que finalizó el pasado 3 de noviembre, luego de reunirse con altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Khan resaltó que Nicolás Maduro participó directamente con él en las reuniones que sostuvo con diferentes funcionarios.
«En lo que respecta a los funcionarios del gobierno, mi delegación y yo nos reunimos varias veces con el Vicepresidente y también con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República. Además, mantuvimos reuniones con el Fiscal General, el Presidente del Tribunal Supremo, la Defensoría del Pueblo, el Presidente de la Asamblea Nacional y otros Funcionarios del Estado», señaló Khan.
De esta manera el fiscal de la CPI confirmó que sostuvo encuentros con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; con el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia; con el fiscal general de la República, Tarek William Saab; con el presidente del TSJ, Maikel Moreno; con el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y otros funcionarios del gobierno madurista como Diosdado Cabello.
En la visita de Khan a Venezuela este decidió que el caso sobre crímenes de lesa humanidad en el país pasaría a fase de investigación.
Cabe destacar que Diosdado Cabello y la primera combatiente, Cilia Flores, forman parte de una comisión que se encarga de llevar a cabo la denominada «revolución judicial» en el país.
Sobre este proceso que se anunció el pasado 21 de junio, se explicó que se trabajaría durante un lapso de 60 días.
Al respecto, Maduro ofreció cuatro argumentos que justificaban la conformación de dicha comisión:
1.- «En Venezuela hace falta, en esta etapa de la construcción de un nuevo Estado, una revolución profunda y acelerada del sistema de justicia venezolano. Hace falta en nuestro país una revolución que estremezca, que sacuda, todo el sistema de justicia del país, en la unión perfecta del Estado venezolano, de sus poderes públicos, de sus órganos de poder público, de las instituciones de derechos humanos, de todas las ONG, de los movimientos sociales y de los ciudadanos. Tenemos cómo hacerla, sabemos cómo hacerla. Queremos hacerla y la vamos a hacer».
2.- «Anuncio la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano presidida por el compañero Diosdado Cabello Rondón, como vicepresidenta la doctora Cilia Flores y como secretario ejecutivo la magistrada Lourdes Suárez Anderson. Ellos tres serán el núcleo inicial de esta comisión que va a tomar las riendas de una revolución completa y que va a integrar a todos los órganos, la Fiscalía, la Defensoría, todo. En las próximas horas anunciaremos la conformación completa de esta comisión especial, que tiene que rendir cuentas al Consejo de Estado. Es una Comisión de Estado».
3.- «Se le ha fijado un plazo de 60 días a esta comisión especial para que solucione de manera profunda, de raíz, con justicia y sin impunidad, el hacinamiento en los centros de detención preventiva del país y regularice el paso a los centros penitenciarios del país de todo el personal que esté siendo juzgado debidamente. Cayendo y corriendo. Por eso hablo de una revolución judicial profunda y acelerada, porque tenemos cómo».
4.- «Se le está entregando la potestad a esta comisión especial para la revolución judicial para presentar en el más breve lapso un plan especial para cambios estructurales en el sistema de justicia venezolanos a través de reformas de las leyes del país, a través de la creación de nuevas leyes, y para eso es muy importante el papel de la nueva Asamblea Nacional, que tiene todo el poder en sus manos. Ya la Asamblea Nacional tiene un conjunto de leyes para impulsar estos cambios necesarios en el sistema de justicia en el país. Así que le estamos dando a esta comisión una tarea para presentar un plan integral para los cambios estructurales, profundos, con una idea muy clara: la justicia gratuita, equilibrada, pública, ajustada a la constitución, a las leyes y que produzca el mayor nivel de seguridad jurídica, seguridad humana, de estabilidad y paz para el país».
Redacción Maduradas con información de la CPI.
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