El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, mencionó, en entrevista con BBC Mundo, la posibilidad de que su gobierno aplique la “doctrina Roldós”, que sigue Ecuador para responder ante la crisis económica, social y humanitaria que vive el país.
AFP/Yuri Cortez
De acuerdo con lo detallado por Guaidó, esta doctrina tendría por intención “proteger” a los venezolanos de un “genocidio silencioso” propiciado por el régimen de Maduro.
La doctrina, firmada en 1980 por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, recoge 11 principios relacionados con los derechos en todos los aspectos de la vida para los ciudadanos de estos países. Sin embargo, para la época, los gobierno de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay atravesaban una etapa de gobiernos militares que rechazaron esta doctrina por considerar que violaba el principio de no intervención en asuntos internos de los Estados.
A grandes rasgos, la doctrina apuntaba que es responsabilidad internacional “proteger los derechos” de los ciudadanos de un país, sobre todo si el gobierno de turno está “violando sistemáticamente” los derechos de estos.
En Venezuela, este mecanismo se está aplicando de forma parcial, a juicio de expertos, en forma de presión diplomática, como la ejercida por el Grupo de Lima y por las sanciones de Estados Unidos.
«Podrá haber una acción diplomática más fuerte, sanciones. En mi criterio (la aplicación de la doctrina), debería ser una presión política y económica, para mostrarles a los venezolanos que América Latina respalda sus manifestaciones de descontento«, explicó el ex diplomático ecuatoriano José Ayala Lasso.
A continuación, el contenido íntegro de la doctrina Roldós:
1)Procurar un ordenamiento político subregional generado en democracia de extracción popular y definido carácter participativo, sin perjuicio de los principios de autodeterminación de los pueblos, de no intervención y del pluralismo ideológico.
2)Propiciar nuevos esquemas de desarrollo integral que, inspirados en principios de justicia social, permitan el cambio de las injustas estructuras aún existentes.
3)Reiterar el compromiso solemne de que el respeto de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales constituyen una norma fundamental de la conducta interna de los Estados del Grupo Andino y que su defensa es una obligación internacional a la que están sujetos los Estados y que, por tanto, la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos no viola el principio de no intervención.
4)Promover la solución de las controversias que existen o pudieran presentarse entre los países del Grupo Andino o entre éstos y terceros, mediante procedimientos pacíficos previstos en el Derecho Internacional
5)Propiciar un proceso de desarme subregional y regional que, inspirado en los postulados de la Declaración de Ayacucho, constituya una contribución efectiva al desarme general y completo, y permita liberar recursos para el desarrollo económico y social.
6)Reafirmar el Derecho Soberano de los Estados a la libre disposición de sus recursos naturales como norma sustantiva de la convivencia internacional.
7)Actuar solidariamente frente a cualquier amenaza o coacción económica que afecte a uno de los Estados del Grupo Subregional Andino, como modo de consagrar la seguridad económica colectiva de los mismos.
8)Propiciar una mayor participación de los países de la Subregión Andina en las negociaciones de los problemas políticos y económicos, que se debaten en la comunidad internacional, particularmente en los que se refieren a la paz y seguridad y al Nuevo Orden Económico Internacional, en cooperación con los otros países latinoamericanos y demás del Tercer Mundo.
9)Comprometer esfuerzos para la adopción de políticas comunes en los campos económico, social, laboral, educativo, cultural, tecnológico y de salud, entre otros, así como para la aproximación de las respectivas legislaciones nacionales.
10)Aplicar, inspirados en los principios de la justicia social internacional, los instrumentos del esquema integracionista andino en forma tal que se deriven para los Estados, miembros beneficios equitativos entre los cuales conste el tratamiento preferencial para los países de menor desarrollo económico relativo, establecidos en el Acuerdo de Cartagena.
11)Contribuir a la vigencia de la libertad, la justicia social y la democracia mediante el cumplimiento del compromiso Andino de aplicar los principios fundamentales establecidos entre otros instrumentos internacionales, en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas; en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración de los Derechos Humanos; en la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados; en la Declaración sobre el Establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional; en el Mandato de Cartagena, de 28 de mayo de 1979; en la Declaración de Quito de 11 de agosto de 1979; en el Acta de Panamá de 1º de octubre de 1979; y, en la Declaración de Lima de 29 de julio de 1980.
Redacción Maduradas con información de BBC Mundo
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