El diario TalCual reveló cómo se habría fraguado el presunto “guiso” entre el comisionado para la Gestión y Recuperación de Activos de Juan Guaidó, Javier Troconis, y Petropar sobre deuda de Paraguay.
En un reportaje realizado por Carlos Seijas para el medio digital señala que mientras se desarrollaban las conversaciones oficiales entre los representantes de la estatal venezolana designados por el gobierno interino de Guaidó, y Petropar, para buscar una solución del conflicto, un recién nombrado funcionario de Guaidó decidió estrenarse en el cargo decidiendo resolver por su cuenta y con un mediador el conflicto entre las petroleras.
Todo ocurrió aun cuando no tenía —y sigue sin tener— las atribuciones para representar a la estatal venezolana ni para llevar a cabo negociaciones sobre deudas y activos relacionados con Venezuela en el exterior.
Se trata del comisionado para la Gestión y Recuperación de Activos de Guaidó, Javier Troconis, cuyo nombramiento por parte del presidente del Parlamento se hizo público a través de Twitter el 28 de agosto de 2019. A pesar de que la junta administradora ad hoc es el único órgano autorizado para actuar en nombre y por cuenta de Pdvsa frente a Petropar, Troconis llevó a cabo en noviembre de 2019 reuniones con el abogado argentino Sebastián Vidal —quien trabajó con Pdvsa entre los años 2011 y 2018 en reestructuraciones de deudas entre la petrolera y otros países— y el jefe del Gabinete de la Presidencia paraguayo, Juan Ernesto Villamayor.
El 2 de enero de 2021, el periódico estadounidense The Washington Post publicó un reportaje que reveló los irregulares esfuerzos de Troconis para capturar activos extranjeros de Venezuela.
La investigación descubrió acuerdos propuestos por el comisionado, entre ellos el proceso de negociación de la deuda de Petropar con Pdvsa. Los documentos conseguidos por TalCual permiten ahondar en detalles de esos hallazgos.
En noviembre de 2019, el abogado Vidal comunicó a funcionarios del gobierno interino a través de un correo electrónico que había estado realizando gestiones para «lograr una solución amistosa de la disputa» en reuniones mantenidas con Troconis y Villamayor en la ciudad de Asunción.
El mensaje confundió a los representantes de Guaidó, quienes anteriormente habían rechazado una oferta de Vidal de trabajar en el caso debido a que ya estaba siendo atendido por Pdvsa ad hoc y la Oficina del Procurador Especial directamente con Petropar.
De manera paralela a las conversaciones oficiales, Troconis, Vidal y Villamayor estaban negociando un acuerdo que establecía una propuesta absolutamente distinta a la presentada por la junta ad hoc de la estatal venezolana.
El comisionado de Guaidó, el abogado argentino y el funcionario paraguayo discutían un descuento de 50% de la deuda de Petropar con Pdvsa, condonación de todos los intereses y un pago de prima de éxito del 20% del monto acordado al abogado.
Como la deuda pasaba de 265,8 millones a 132,9 millones de dólares, eran 26 millones y medio de dólares de honorarios, que iban a salir del bolsillo de Venezuela.
Según las fuentes consultadas, se trataba de un acuerdo que violaba la Ley Contra la Corrupción porque se le estaba ocasionando un perjuicio patrimonial al país. Además, no había ninguna razón para acordar una quita de 50% a un país que no estaba mal económicamente.
Los escritos establecían en la segunda cláusula que las partes acordaban «poner fin a la controversia» en la Cámara de Comercio Internacional «mediante el pago de la suma total de (…) US$ 132.942.887,08, correspondiente al 50% del monto reclamando en la demanda arbitral en concepto de cancelación extrajudicial de la deuda existente entre ambos Estados».
«Hay un guiso»
«Detrás de esta negociación hay un guiso«, aseguró una de las fuentes cercanas al gobierno encargado de Juan Guaidó.
«El guiso está en la comisión de 26 millones de dólares que son los gastos de abogados. Para incentivar la transacción, le dieron un gran descuento a Paraguay. Pero esto no quiere decir que el ‘gobierno interino’ sea corrupto, lo que dice es que el negociador sí lo es», agregó.
José Ignacio Hernández, por su parte, sostiene que 26 millones de dólares por una prima de éxito de una negociación que consiste en bajar 50% de la deuda reconocida es una «prima de fracaso, es un exabrupto». «Es muchísimo dinero. Esa comisión llama mucho la atención», expresó a TalCual.
Redacción Maduradas con información de TalCual
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