El exministro Rafael Isea reconoció que viajó a Estados Unidos en “marzo o abril” de 2016 donde lo recibieron tres personas del consulado de España quienes le informan de una investigación por el pago de 7.1 millones de euros en 2008 de Venezuela a la Fundación CEPS y le prometen posibilidades de protección para él y su familia si aceptaba declarar.
Identificó a dos de las tres personas que lo recibieron en el consulado español en Nueva York: José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio (no especificó el apellido), junto a ellos actuó una mujer a quien solo mencionó como “una agente”.
«Fuentes Gago se dirige a mí y me dice: ‘Yo soy alto funcionario de Interior y esto tiene el más alto respaldo del gobierno español, esto solo va a ser supervisado por un juez, y podemos tratar con él la condición de testigo protegido. Sabemos su situación de persecución y nosotros podemos ayudarle con pasaporte español, nacionalidad y salir del país porque están perseguidos'».
Estas declaraciones confirmarían que España envió tres agentes a Nuevo York para que se encargaran de investigar los pagos a la Fundación CEPS, vinculada a Podemos, quienes intentaban conseguir la ayuda necesaria para rastrear los fondos que presuntamente llegaron a las cajas de la fundación.
Isea reconoció sentirse “utilizado” porque Fuentes Gago le prometió seguir en contacto con él para gestionar las medidas de protección por parte de España, pero no cumplió.
«Creía en la seriedad de España. Creo que la institucionalidad española es seria. Nunca imaginé que hubiera personas que hablaran de eso sin que hubiera un respaldo detrás. Yo pedí explicaciones, no recibí explicación. Hubo una persona, creo que de apellido Rueda, que me escribió y que me dijo que estaba a ver si lo resolvía, que le enviara nombres de mis familiares… no hubo respuestas», se quejó Isea.
Isea indicó que el documento que acredita el pago de los 7.1 millones de euros a la Fundación CEPS fue elaborado por el Ministerio de Finanzas venezolano: «Se produjo en medio de un arreglo entre los ministerios para proponerle al presidente el pago de los servicios. Pero eso, cumplido con la ley, no tiene nada de ilegal en Venezuela», relata el propio Isea”.
Indicó que lo que le mostraron fue una copia del documento original y confirmó que las firmas que están en la misma corresponden a la de él y la del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pero asegura que no recuerda el momento en el que estampó la firma y no le han mostrado la hoja original:
“Yo nunca llegué a ver ese documento original del punto de cuenta. Uno no tiene por qué acordarse de todo lo que firma«, agregó.
Redacción Maduradas con información de La Sexta.
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