Las 5 promesas incumplidas de Nicolás Maduro durante el 2023 (+Te vas a indignar)

El 2023 fue otro año difícil para los venezolanos, que continúan padeciendo las consecuencias de la crisis económica, social y política que atraviesa el país.

La hiperinflación, la escasez de medicinas y combustible, el colapso de los servicios públicos, la violación de los derechos humanos y la represión de la disidencia fueron algunos de los problemas que enfrentaron los ciudadanos, que no encontraron respuestas ni soluciones por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Estas son solo algunas de las promesas incumplidas de Maduro durante el año 2023, que evidencian la falta de capacidad de su régimen, que lejos de resolver los problemas de los venezolanos, los ha agravado y profundizado, generando más pobreza, desigualdad y sufrimiento.

Recuperar al estado Bolívar

Maduro anunció el pasado viernes 11 de agosto que había dado la orden de incrementar la presencia y la capacidad militar operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el estado Bolívar, con el supuesto objetivo de “liberar” a esa región de la minería ilegal y las bandas criminales que operan en la zona.

En una reunión con el Estado Mayor Superior Ampliado, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), el líder socialista aseguró que la FANB estaba lista “para defender al pueblo” y para “limpiar nuestras costas, para limpiar nuestros mares de grupos criminales”.

El comentario lo hizo luego de que ordenara al cuerpo castrense mantenerse en alerta permanente, al tiempo que les ratificó su confianza. “¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Guardia en alto, manténganse siempre vigilantes, tienen el deber y la responsabilidad de garantizar la estabilidad, la integridad territorial y la paz de nuestra República. Confío en ustedes, hombres y mujeres de principios bolivarianos”, escribió en su cuenta oficial de la red social X.

El estado Bolívar es una de las regiones más ricas en recursos naturales del país, especialmente en oro, diamantes y coltán, pero también una de las más afectadas por la violencia, la corrupción y la destrucción ambiental, producto de la explotación ilegal de estos minerales por parte de grupos armados, que cuentan con el apoyo y la complicidad del régimen de Maduro.

Esa práctica también ha generado violaciones de los derechos humanos de los trabajadores y habitantes de la zona, que son sometidos a condiciones de esclavitud, extorsión, explotación, tortura y asesinato por parte de las bandas criminales, que actúan con total impunidad y bajo el amparo de las autoridades militares y civiles del régimen.

A pesar de los operativos que ha realizado la FANB para eliminar los campamentos de minería ilegal, esta práctica continúa dándose en el territorio, con la complicidad y el beneficio de las autoridades del régimen de Maduro, que han impulsado el llamado Arco Minero del Orinoco, una zona de más de 110 mil kilómetros cuadrados que fue declarada como área de desarrollo estratégico en 2016, sin consulta previa ni consentimiento de las comunidades indígenas que habitan en la región.

Cestaticket de $40 mensuales

El líder socialista anunció el pasado 1 de mayo que había aumentado el cestaticket a 40 dólares y el bono de guerra a 20 dólares, además del salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022.

Sin embargo, al día siguiente, Maduro cambió el monto del bono de guerra a 30 dólares, sin dar ninguna explicación, durante la firma del decreto sobre los aumentos.

“¡Buenos días, Venezuela! Amanecimos firmando el decreto de los aumentos del cestaticket a 40 dólares y del Bono de Guerra Económica para que llegue a 30 dólares mensuales, bajo el concepto de la indexación, para un total de 70 dólares más el salario”, escribió en su cuenta en la red social X.

Pero la realidad es que los trabajadores no han recibido los montos prometidos por el líder socialista, sino que han sido víctimas de otra promesa incumplida y una nueva devaluación de sus ingresos, que no les alcanzan para cubrir ni siquiera la canasta básica alimentaria.

Trabajadores de Guayana, profesores, educadores, personal de salud y otros sectores denunciaron el 30 de mayo que solo recibieron 1.000 bolívares de cestaticket, lo que equivalía para ese momento a unos 37 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que se ubicó en 27,07 bolívares por cada dólar.

Además, los trabajadores afirmaron que las empresas estatales les recortaron otras bonificaciones para poder pagar el supuesto aumento del cestaticket, que ya está devaluado por la hiperinflación, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría cerrar el año en más de 10.000%.

“Nos robaron 3 dólares, nos pagaron 1.000 bolívares, es un aumento que no cubre la canasta alimentaria y ya está devaluado”, dijo Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Bolívar.

Justicia contra implicados en “purga madurista”

Maduro afirmó el pasado 13 de abril que no tolerará ni encubrirá a los funcionarios que estaban siendo procesados judicialmente por sus presuntos vínculos con tramas de corrupción que involucran a la estatal Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa) y otras instituciones del Estado.

“No va a haber convivencia ni complicidad, se los juro, al pueblo de Venezuela, aquí va a haber toda la verdad, toda la justicia y todo el castigo a los que han robado al pueblo y nos han apuñalado por la espalda”, expresó en un acto de conmemoración de los 21 años del fallido golpe de Estado contra la llamada revolución bolivariana.

Según Maduro, el chavismo enfrenta un desafío moral y ético ante la “traición” de funcionarios que se han enriquecido ilícitamente y ante el surgimiento de “mafias que han robado la riqueza del pueblo”.

“Sí es verdad que nos bombardean con las sanciones, que nos crearon unos boquetes gigantescos con las sanciones, también es verdad que nos han apuñalado con la traición de la corrupción”, agregó.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó sobre la detención decenas de personas, entre ellas funcionarios y empresarios, por su presunta vinculación en tramas de corrupción en Pdvsa y otros organismos del Estado.

En medio de este escándalo, Tareck El Aissami renunció a su cargo como ministro de Petróleo del régimen de  Maduro, pocos días después de que hicieran las primeras detenciones por presuntos hechos de corrupción dentro de Pdvsa.

“En virtud de las investigaciones sobre graves hechos de corrupción, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo”, escribió el 20 de marzo El Aissami en su cuenta en la red social X.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de El Aissami, ya que el oficialismo no ha aclarado cuál es la situación actual del expresidente de Pdvsa o si enfrentará la justicia por el desfalco que hubo durante su gestión.

El plan de “nueva prosperidad” se quedó en veremos

El  líder oficialista presentó a inicios de diciembre pasado un nuevo plan de su régimen para intentar recuperar la economía del país, que según él cerraría el 2022 con “estabilidad”.

“Cuando llega el mes de diciembre y hacemos el balance, nos damos cuenta del camino recorrido este año… hemos echado pa’ lante con fuerza, enfrentando todas las dificultades y siempre que surge un problema, una adversidad, una dificultad, estamos ahí, al pie del cañón”, dijo en un acto con gobernadores y alcaldes del chavismo.

Maduro llamó a este nuevo intento “Plan Especial de Nueva Prosperidad Social y Desarrollo Humano”, el cual prometió activar desde enero de 2023 y que estará a cargo de su vicepresidente del Socialismo Social y Territorial, Mervin Maldonado y el coordinador del Congreso de la Nueva Época, Héctor Rodríguez, quienes se encargarán “del proceso de sistematización de las propuestas que surgen para el plan que estará establecido en el próximo año”, dijo.

Pero antes de todo ello, afirmó que se debía frenar lo que él denomina “dólar criminal” (el paralelo), por lo que sin dar detalles nuevam,ente anunció un plan para tratar de controlarlo.

“He llamado a todo el Alto Mando Político Militar a enfrentar el dólar criminal, con la perseverancia del pueblo de Venezuela y de todos los agentes económicos. Esto lo vamos a controlar y esta dificultad también la superaremos, tengan la seguridad absoluta el pueblo de Venezuela”, expresó en transmisión por los medios de comunicación del Estado.

Un año después, no se ha sabido nada de ese plan y el dólar paralelo continúa moviendo el mercado informal en el país, mientras la inflación continúa afectando el poder adquisitivo de la población.

Salario mínimo sigue estancado en Bs. 130

A inicios de este 2023, Maduro afirmó que ha defendido el salario de los trabajadores y que lo seguiría haciendo ante las afectaciones que ha sufrido, según dijo, por las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

Así lo expresó durante la clausura del IV Congreso de la Clase Obrera, donde se excusó con que, por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el país norteamericano, el bloqueo económico y la persecución financiera, “el país ha perdido 99% del ingreso nacional, hecho que ha quebrantado significativamente el ingreso de los trabajadores”.

Maduro aseguró que se trata de una lucha y una resistencia permanente “en contra de la asfixia de las sanciones, de la tortura económica, seguiremos defendiendo los ingresos, pariendo recursos, y produciendo”.

Sin embargo, el 15 de noviembre se cumplieron 19 meses desde que entró en vigencia el último aumento de salario mínimo decretado por Maduro. Desde entonces, el monto ha sido sometido a la devaluación de la moneda, perdiendo casi 90 % de su valor.

Para el momento en el que se decretó, el chavismo prometió que el salario mínimo equivaldría a medio petro, una moneda digital venezolana con un valor establecido en $60. Por lo tanto, la remuneración por concepto de salario se fijaría en $30.

No obstante, al día de hoy, el salario mínimo es de Bs. 130, que equivale a menos de $4, según el tipo de cambio establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Desde principios de 2023, miles de trabajadores de los sectores público y privado, incluyendo maestros, médicos, enfermeras, pensionados y jubilados, han estado exigiendo en las calles un aumento en el salario mínimo en Venezuela, que no ha visto ningún ajuste en más de 620 días.

La población venezolana percibe el salario mínimo más bajo de América Latina y exigen al régimen de Nicolás Maduro que implemente un aumento que les ayude a cubrir la canasta básica de alimentos y otras necesidades esenciales, como lo señala el artículo 91 de la Constitución de Venezuela. Un ajuste que hasta el momento no ha llegado.

Redacción Maduradas

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