Recientemente, dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron imputados por los delitos de tortura y homicidio por el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, cuyo fallecimiento se produjo en junio de 2019.
El pasado 6 de octubre, el máximo tribunal del país, el TSJ del régimen madurista, ordenó la reposición del proceso judicial en contra de Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate Soto, anulando la acusación en contra de los militares.
El tribunal alegó que se habían observado “irregularidades” en el proceso. Sin embargo, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) compartió información detallada sobre el caso, a través de Twitter, y explicó los motivos de la imputación.
1.- “La complicidad en la primera imputación del Ministerio Público y, en particular, de quien ejerce funciones de fiscal general (Tarek William Saab), donde hubo el firme propósito de garantizar impunidad en un caso de grave violación a los derechos humanos”.
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2.- “La complicidad del defensor del pueblo Alfredo Ruiz, quien guardó silencio ante la imputación y posteriormente ante la sentencia, cuando era su obligación haber impugnado ese proceso, en el que además no se aplicaba la ley contra la tortura”.
3.- “Demuestra esta nueva imputación la fuerza del informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y también del informe de Amnistía Internacional sobre el caso del capitán. Las evidencias contundentes obligaron al TSJ a revisar la sentencia”.