Provea refleja en su informe anual 2014, el cual fue presentado la semana pasada, que el Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela, asegura que el número de hectáreas devastadas por la extracción ilegal al sur del estado Bolívar aumentó 40% con respecto a 2013, y que los sectores más alarmantes son Sierra Imataca, en El Palmar; el alto y medio Paragua, Upata y El Manteco.
Asimismo, el informe refleja que han sido cinco los planes implementados por el Gobierno para encarar la minería ilegal en la región, resaltando que ninguno de ellos ha dado resultado.
Foto: Clavel A. Rangel
Desde hace más de 25 años se reconoce la contaminación por mercurio —necesario para extraer oro— como un problema de salud pública en Guayana. En 2003 el gobierno comenzó a implementar planes orientados a acabar con la actividad minera ilegal. Cinco iniciativas se han desarrollado desde entonces: el Plan Piar, en 2003; que se transformó en la Misión Piar, en 2005; el Plan de Reconversión Minera, en 2006; el Plan Caura, de 2010, y por último la Comisión Presidencial para la Protección del Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera en la Región Guayana, creada en 2014.
Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, considera que ninguno de los planes ha tenido éxito porque se convierten en un “cóctel para la violencia”. De Grazia asegura que estas iniciativas “son represivas y criminalizan una actividad que tiene más años ejerciéndose que el tiempo que lleva fundada la República”. Agregó que en el proceso deben lidiar con abuso de poder, crimen organizado, mafias, extorsión y sicariato.
La Memoria y Cuenta del Ministerio de Defensa de 2014 no hace referencia al Plan Caura, aunque el año pasado continuaron las operaciones militares en el Alto Caura. En junio de 2014 Vladimir Padrino López anunció que se desmantelaron 32 campamentos de minería ilegal en ese sector y en noviembre, como parte de la Operación Roraima, dijo que habían librado al Parque Nacional Canaima de la extracción aurífera ilegal, aunque la comunidad pemona cerró la pista del aeródromo Gustavo Heny hace dos semanas en protesta por la presencia de mineros en la zona protegida. De esta operación tampoco hace referencia la Memoria y Cuenta, aunque su aplicación comenzó en abril de 2014.
“En La Paragua y El Manteco hay pistas clandestinas que no nos explicamos por qué no han sido destruidas. En Icabarú —cuenca del río Caroní— hay más de 32 minas. En la parte alta del Cuyuní, en El Dorado, hay más de 30 dragas. El Caura está tomado por más de 4.000 mineros. Es muy fuerte lo que pasa, pero de eso no se habla porque hay demasiados intereses. De esta región salen de contrabando más de 350 kilos de oro. Es más grave de lo que imaginamos”, aseguró Alejandro Lanz, coordinador del CIEV.
La minería ilegal se potencia por el repunte del precio del oro. Una onza —28,34 gramos— vale 1.192,77 dólares, si se toma como referencia la onza troy. “El oro que desaparece de Venezuela jamás entra en las cuentas de la nación. Hay grandes intereses para que continúe la actividad minera porque detrás hay ganancias enormes. Mueven mucho dinero y no les importa depredar los bosques, contaminar y dañar el ambiente”, dijo Alejandro Álvarez, integrante del Comité Coordinador de la Red Ara.
Álvarez asegura que en Venezuela no hay minería legal de oro. El 23 de agosto de 2011 Hugo Chávez, mediante el decreto 8.413, reservó para el Estado todas las actividades de exploración y explotación del metal.
Daño cultural. Los mineros son víctimas y victimarios. Necesitan del mercurio para obtener oro, pero al usarlo se exponen a sufrir daños en los sistemas nervioso e inmune, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos. En la cadena de daños causados por el mercurio el minero es el más vulnerable; sin embargo, los efectos se expanden en el ecosistema.
“Los Ye’kwana y Sanema tienen 40 veces más concentración de mercurio en pelo que lo máximo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, según un estudio realizado por médicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente”, dijo la investigadora Nalúa Silva, de la Universidad Nacional Experimental de Guayana.
La minería ilegal, agrega la docente, también socava la organización social de los pueblos indígenas, genera situaciones anómalas como la prostitución, promueve el gasto dispendioso y hay quienes caen en el alcoholismo.
Luis Jiménez, coordinador general de Phynatura, asegura que los indígenas han visto coartado su medio de vida sostenible, a través de la caza, la pesca y el conuco, lo que –a su juicio– traerá como consecuencia el “etnocidio espiritual de más de 19 comunidades indígenas, al acabar con la diversidad cultural del país”. Para Jiménez, los indígenas siempre se han opuesto a la actividad minera de gran magnitud. Agrega que ocurre una pérdida de soberanía al permitir que colombianos, brasileños y guyaneses exploten el suelo venezolano, mientras se mantiene una deuda con los indígenas al no completar la demarcación de territorios ordenada por la Constitución: “Donde se practica la minería no hay gobierno, allí se obedece a los sindicatos o a las mafias”.
Con información de El Nacional.