Este jueves 31 de marzo, el consultor legal independiente de Derecho y Relaciones Internacionales español Mariano de Alba consideró que la instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en territorio venezolano podría tener riesgos a mediano y largo plazo.
El Universal- EFE
Esta conclusión la sostuvo, incluso con la aparente intención del régimen madurista de permitirse “recibir asistencia técnica» de parte de la CPI.
«Para la Fiscalía de la Corte, es clave poder obtener información directa sobre los crímenes de lesa humanidad, comunicándose con diversos funcionarios, víctimas y familiares. Si decidiera avanzar con su propia investigación, su información y argumentos tendrán más peso«, destacó De Alba, vía Twitter.
Adicionalmente, afirmó que la Fiscalía de la CPI está muy «presionada» por presentar cargos «sólidos», donde sea muy probable que pueda obtener una condena del acusado. Por esto, para el experto, su presencia en el país podría obtener pruebas más contundentes que le sean útiles en el futuro.
De Alba también destacó, a través de varios hilos, que la intención de fondo de la CPI es lograr que el madurismo enjuicie a los responsables de los crímenes señalados y demuestren resultados en términos de investigaciones y juicio «genuinos». Destacó, en este sentido, la celebración de una conferencia en Caracas durante la segunda mitad de 2023.
«Las autoridades de Venezuela tienen hasta el 16 de abril de 2022 para informarle a la Corte si están adelantando investigaciones y juicios, pudiendo pedir el diferimiento de la investigación anunciada por el fiscal Khan el 30 de noviembre de 2021. Según las declaraciones de hoy, es probable que suceda», añadió.