El asesinato de Óscar Pérez, ex inspector del Cicpc y disidente del gobierno de Nicolás Maduro, generó una gran cantidad de reacciones y opiniones en la sociedad civil, casi todas en rechazo a la medida.
La principal razón por la que se critica la actuación de los cuerpos de seguridad venezolanos es el hecho de que Pérez habría informado que quería rendirse y entregarse a las autoridades. Sin embargo, por lo que este denuncia en una serie de vídeos testimoniales compartidos por redes sociales, no se le permitió hacerlo.
En ese sentido y de acuerdo con lo señalado por el abogado Carlos Ramírez López y por el periodista Norberto Mazza, el hecho de asesinar a Pérez se configura como un «crimen de guerra». Así también lo estipula el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
El Crimen de guerra consiste en «causar muerte o lesiones a un combatiente que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción».
Así mismo, el derecho internacional apunta que, precisamente, este tipo de crimen consiste en «hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de que está fuera de combate».