Un total de 490.192 empresas desaparecieron en Venezuela en los últimos 15 años, durante el período de gobierno de la llamada revolución bolivariana. De 792.386 compañías que había en el país en 1998, ahora en 2014 solo quedan 302 mil 194, asegura Gilberto Gudiño Millán, presidente de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del Estado Zulia (Ucez). Agrega que las propias cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que 61 por ciento de las unidades productivas cerró en los tres lustros recientes, lo que califica como un “holocausto empresarial”.
Considera que la desaparición de empresas es consecuencia del modelo económico vigente en Venezuela, que -a su juicio- tiene como propósito “asfixiar, someter y reducir la libre iniciativa privada”. Gudiño Millán explica que el cierre de compañías es causa de informalidad y desempleo, alta inflación y escasez de productos básicos. “Las cifras son una señal alarmante. Hay una política dirigida a debilitar los cimientos del desarrollo de la nación. El progreso es una utopía si no va de la mano con las empresas”, reseñó el portal del diario La Verdad.
Contraste
El presidente de la Ucez indica que mientras en Venezuela desaparecen compañías, en países hermanos como Colombia se crean hasta 200 mil por año. Agrega que en el territorio hay apenas una unidad productiva por cada 105 habitantes, mientras que en naciones vecinas existe una por cada 17 a 32 ciudadanos.
“Mientras menos empresas haya, menos productos habrá para comprar, serán menores las oportunidades de empleo y desarrollo y no habrá la posibilidad de reducir la inflación”. Critica que el sector privado se reduzca drásticamente sin que el Gobierno considere las causas ni demuestre intenciones de evitar que la situación se agrave.
Para Gudiño Millán la solución a la crisis pasa por sembrar empresas, cambiar el modelo económico existente, anular el marco jurídico que incluye la Ley de Precios Justos, del Sistema Económico Comunal y del Plan de la Patria; reducir los controles excesivos y respetar los derechos constitucionales, como la propiedad privada. Considera que en las mesas de trabajo que lleva a cabo el Gobierno con el empresariado aún no existen indicios hacia la toma de decisiones que realmente conduzcan a la solución de los problemas que enfrenta el país.
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