Recientemente, ABC compartió una supuesta carta enviada por el empresario venezolano Wilmer Ruperti al exjuez Baltasar Garzón, quien hoy en día se encarga de defender al empresario colombiano Alex Saab.
Sin embargo, la misiva emitida por Ruperti data de 2017, cuando este finalizó la relación contractual que mantenía con Garzón por la falta de atención del bufete Ilocad S.L., perteneciente al abogado, a los términos del contrato que, aparentemente, se basaban en asesorías en la defensa de Hugo Carvajal, exjefe del servicio de Inteligencia de Venezuela.
Según ABC, el contrato recogía trabajos por alrededor del 3 millones de euros. El principal era elaborar un informe, a cambio de 1,7 millones, para cuestionar los métodos de la justicia estadounidense. Así mismo, se exigían otros 500,000 euros más para conformar un «equipo de trabajo» para tales menesteres.
Ruperti, a través de su empresa Maroil Trading -domiciliada en Panamá-, abonó 1,85 millones de euros y, posteriormente decidió cesar la relación de negocios.
Adicionalmente, Ruperti expresó en la misiva haber perdido la «confianza» en Garzón luego de enterarse de que, en 2012, fue condenado a la pena de «inhabilitación» de 11 años por un delito de «prevaricación» e «intercepción de comunicaciones» de una preso. Esto le habría valido a Garzón la expulsión de la carrera judicial.
«En el contrato suscrito con su despacho figura como asunto encomendado la elaboración de un informe independiente sobre el origen, desarrollo, consistencia y respeto de las normas de debido proceso sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos de los casos que afectan entre otros a quien fuera director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal (…). ¿Qué valor y credibilidad puede tener un informe sobre garantías procesales si quien lo firma ha sido condenado precisamente por vulnerar garantías en un proceso judicial bajo su dirección?«, indica la carta.
Además, Ruperti calificó a Garzón de ser un «delincuente» que cumplía, por entonces, su condena y restó valor a un documento elaborado por su bufete.
«Obviamente un informe elaborado y firmado por un delincuente que se halla cumpliendo condena apenas tiene valor y, de hecho, se erige en contra de los intereses perseguidos como acabamos de ver. Pero es más: un juez expulsado de la carrera judicial por prevaricador difícilmente se va a poder considerar un jurista de relevancia y autoridad internacional, especialmente en cuestiones procesales», sentenció el empresario.
A continuación, la carta completa:
Reacción Maduradas con información de ABC
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