Durante la presentación del informe anual, el director de la Organización No Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia, Alí Daniels, explicó que la situación que vive actualmente Venezuela se asemeja a la de Sudán en 2002.
“Se obligaba a desplazar a la población, se masacraba a las personas mediante milicias organizadas y se creó un caos económico debido a la desorganización de los comercios y la acumulación de riquezas por parte de quienes sustentaban el poder a costa de los pobres”, dijo.
Asimismo, indicó que las soluciones para la crisis humanitaria en Venezuela “no son las medicinas, los médicos o los hospitales” pues se requiere de una “solución política para un problema político”.
De igual forma, reiteró que la ONG apoyó la denuncia introducida ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre las violaciones de Derechos Humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
“De aceptarse ese cargo, sería la primera vez que la Corte aceptaría un caso por derechos socioeconómicos y culturales, por la utilización de la ayuda social para generar daños a la sociedad”, expresó.
Por otra parte, Daniels recalcó que la crisis humanitaria en el país se debe a la “ausencia total o parcial del Estado”, lo cual no garantiza el respeto de los Derechos Humano.
Además, destacó que el régimen “tenía que negar” la crisis humanitaria y, por lo tanto, el ingreso de la ayuda humanitaria, a pesar de que esta sea un “derecho establecido en la Carta Humanitaria”.
“El Ejecutivo está obligado a negar la crisis humanitaria, porque aceptarla es aceptar la negligencia en cada uno de los casos; sería aceptar su propia responsabilidad”, aseveró.
Redacción Madurada con información de El Nacional.
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