Asdrúbal Aguiar, exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y quien asiste a Nelson Mezerhane Gosen en su denuncia contra el Gobierno de Venezuela en la Comisión Interamericana, víctima de una persecución oficial implacable desde el momento en el que Hugo Chávez decide ponerle su mano y silenciar a la emisora de televisión GLOBOVISION, ha recomendado a Darío Vivas, vicepresidente de la Asamblea Nacional, llevar su testimonio al citado organismo internacional, publica Diario Las Américas.
Aguiar ha indicado que otro tanto le pedirá a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dado que el diputado Vivas afirma que fue la derecha quien asesinó al fiscal Danilo Anderson y debe, por lo mismo, fundar sus afirmaciones ante ella.
En su explicación a los medios, Asdrúbal Aguiar ha señalado que el propio exfiscal general Isaías Rodríguez, hoy embajador en Roma, quedó al descubierto luego de presentar testigos falsos y forjar actas durante la investigación del caso de Anderson para desviar la mirada sobre las presuntas autorías que se dirigían al seno del mismo Gobierno, luego de lo cual no tuvo otro remedio que ordenar el archivo fiscal del expediente.
Ha recordado que Rodríguez reconoció que no tenía pruebas de ningún tipo para acusar a Mezerhane, para entonces copropietario de Globovisión, de participar en el hecho.
Aguiar ha observado que lo extraño es la impunidad que rodea a los homicidios, no sólo del fiscal Anderson sino de los abogados Juan Carlos Sánchez y Antonio López Castillo, el último ejecutado en la vía pública por funcionarios de CICPC y el primero, quien aparece muerto en Barquisimeto luego de ser presuntamente detenido por funcionarios del SEBIN. Sobre todo por cuanto, casi como una suerte de profeta, fue el mismo presidente Chávez quien anuncia que a Anderson lo van a matar y el día de su muerte se retiran los funcionarios policiales encargados de su protección.
Le llama la atención, de allí la iniciativa que presentará ante la Comisión Interamericana, que la cuestión vuelva a ponerla sobre el tapete el régimen de Maduro, empantanado como se encuentra con una serie de crímenes inexplicables que ocurren dentro de los mismos predios del Estado, sin ser investigados e involucran a personalidades vinculadas al mismo.
Numerosos casos
Ha citado el caso reciente del diputado Robert Serra, al que le precede el igual asesinato del capitán Eliecer Otaiza, hombre cercano a Hugo Chávez, quien fuera cabeza de la policía política y a quien, extrañamente, como a Anderson, le ocurre su desgracia cuando sus escoltas se retiran.
Ha recordado el asesinato, por esbirros al servicio del régimen de Juan Montoya el pasado febrero, emblema de los “colectivos” armados paraestatales; el horrendo homicidio de la embajadora venezolana en Kenya, Olga Fonseca, a manos presuntas del narcotráfico gubernamental; el asesinato en 2012 del ex gobernador apureño y capitán Jesús Aguilarte, vecino de la Colombia narcoguerrillera; y en 2005 la ejecución del ex fiscal nacional de aduanas, Gamal Richani, quien investiga al chavista Walid Makled, cabeza visible del narcotráfico venezolano, quien involucra en sus crímenes a generales del Ejército.
Igualmente, ha dicho que no entiende por qué, teniendo Vivas y los suyos control total de los organismos de investigación y la Justicia no hayan puesto en claro tantos homicidios dentro del predios del oficialismo, que sólo usan como banderas para el proselitismo político y señalar a la derecha o al imperio.
En la denuncia que cursa ante la OEA se invoca la responsabilidad del Estado y se señalan como ejecutores materiales de los ilícitos denunciados, entre otros, a Isaías Rodríguez, reseñó La Patilla.