Un estudio realizado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) encontró que durante los primeros seis meses de cuarentena en Venezuela, comprendidos entre marzo y septiembre, ocurrieron 442 detenciones y cinco asesinatos en el contexto de manifestaciones en el país, y otras 159 personas fueron aprehendidas de forma arbitraria.
La organización no gubernamental detalló que la ausencia órdenes claras emitidas por el régimen de Nicolás Maduro para el cumplimiento del confinamiento y la suspensión de actividades, generaron múltiples irregularidades, denuncias por corrupción y extorsión por parte de los cuerpos de seguridad del chavismo.
En cuanto a los sectores de la sociedad que no fueron detenidas durante las protestas, Provea destacó que el grupo de afectados estuvo dominado por periodistas, dirigentes políticos y miembros del personal de la salud, perseguidos por el régimen por ofrecer información relacionada con el covid-19.
Por otro lado, la organización sostiene que las manifestaciones registradas en todo el país fueron producto de la crisis en servicios públicos como el agua, la electricidad y la gasolina.
En cuanto a los cuerpos de seguridad responsables de llevar a cabo las detenciones, figuran la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y la División General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).