A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos (CDH) informó que las organización políticas Convergencia Social (Afta-Chile) y Movimiento Nuevo Perú (Tacna-Perú) denunciaron que funcionarios de esos países habrían negado formularios de solicitud de refugio a venezolanos en el marco de las medidas dictadas por Martín Vizcaya y Sebastián Piñera.
Foto: Reuters
El documento apunta que las mencionadas acciones “vulneran” los derechos de los migrantes y responden a necesidades “mediáticas” que fortalecen actitudes racistas, xenófobas e intolerantes.
«Los gobiernos han declarado estar tomando medidas para ayudar a solucionar esta crisis humanitaria, sin embargo las decisiones tomadas no han hecho más que trasladar la crisis de un lado a otro y aumentar la incertidumbre«, añaden.
En ese sentido, ambas organizaciones solicitaron que actores políticos y sociales impulsen la “solidaridad” entre los pueblos latinoamericanos.
A continuación, el comunicado completo:
En los últimos días en la frontera entre Chile y Perú (complejos fronterizos Chacallula y Santa Rosa) han arribado más de 300 personas, en su mayoría procedentes de Venezuela, víctimas de la tensión política y la amenaza de Intervenciones militares. La dignidad y los derechos de estas personas. quienes llevan un largo tiempo viajando por tierra, están siendo vulnerados gravemente en nuestra frontera por las medidas migratorios tomadas por los gobiernos de Chile y de Perú. Ambos países han tomado decisiones que restringen el ingreso de inmigrantes venezolanos/as a sus territorios, como es la exigencia de visas consulares estampadas en pasaporte vigente, requisitos que resultan prácticamente Inalcanzables para quienes se encuentran hoy en la frontera.
Los gobiernos han declarado estar tomando medidas para ayudar a solucionar esta crisis humanitaria, sin embargo las decisiones tomadas no han hecho más que trasladar la crisis de un lado a otro y aumentar la incertidumbre. En ambos pasos fronterizos se ha buscado agilizar la circulación de las personas, pero sin generar una solución definitiva, sino más bien rechazando solicitudes de manera más expedita he incluso habilitando transporte para devolver a los/as migrantes al otro paso fronterizo. Como consecuencia un creciente número de familias incluyendo niños y niñas, se encuentran sin saber si podrán permanecer en Perú o lograr finalmente entrar a Chile, viéndose afectados sus derechos humanos. talas como los derechos al libre tránsito y al refugio, entre otros.
Esta situación de crisis se suma a la denuncia de que en distintos pasos fronterizos de ingreso a Chile se han negado a entregar formularios de solicitud de refugio a quienes los piden, lo que es en si mismo una práctica vejatoria y que atenta contra derechos consagrados en las constituciones de Chile y Perú, y los acuerdos Internacionales suscritos por dicho países. Una vez más queda en evidencia que lo excesiva discrecionalidad de funcionarios en la frontera deviene en inaceptables prácticas nacional… racistas y xenófobas (cuestión que contradice las posiciones de los gobiernos de Chile y Perú como defensores de los derechos humanos en relación a sus posturas frente a la crisis venezolana •emitidas desde el grupo de Lima•).
A lo anterior se suma la arbitrariedad por parte de funcionarios en los pasos fronterizos, sumado a las medidas administrativas restrictivas del acceso de personas extranjeras, así como las señales dadas por autoridades de ambos países, cuestión que ha conducido a una crisis humanitaria en la frontera que hoy se empieza a hacer evidente. El sistema de gestión pública de los servicios de extranjería están colapsados porque los gobiernos han priorizado medidas con alto impacto comunicacional que poco hacen por resolver los problemas de fondo. La tramitación de documentos, así como el procesamiento de solicitudes de refugio, se ven demoradas por ola limitada capacidad para responder institucionalmente a los compromisos asumidos por los estados. Por último, las políticas migratorias de nuestros países y el modo en que se ha enfrentado la actual coyuntura de crisis humanitaria, no se condice con el discurso oficial formulado por los estados en relación al respeto por DDHH y más aún, no se condice con la retribución hacia los pueblos y países hermanos que acogieron a cerca de 500 mil refugiados chilenas y chilenos en tiempos de dictadura.
Frente a tal escenario, las organizaciones políticas Convergencia Social (Afta-Chile) y Movimiento Nuevo Perú (Tacna•Perú), declaramos lo siguiente.
1) Manifestamos nuestra profunda solidaridad con las poblaciones migrantes que se encuentran atrapadas en la frontera chlleno•peruana, y hacemos un llamado a las organizaciones SOCIIMOS y politices en uno y otro lado de la frontera a expresar su apoyo a las familias que hoy padecen esta situación de vulneración a sus derechos fundamentales.
2) Rechazamos las actuales medidas de política migratoria impulsadas por los gobiernos de Sebastián Piñera en Chile así como de Martín Vizcarra en Perú, en tanto que estas vulneran los derechos de las poblaciones migrantes que transitan por nuestros países y responden a necesidades mediáticas que sólo fortalecen el racismo, la xenofobia, formas conexas de intolerancia, y el miedo al otro en nuestros países. Los pueblos latinoamericanos no necesitamos políticas migratorias que operen en claves nacionales, sino que resguarden ante todo la dignidad y bienestar de las personas.
3) Llamamos a las autoridades a abrir la frontera para así dar solución a esta grave emergencia humanitaria, provocada en parte por las mismas decisiones de las políticas migratorias que han tomado Chile y Perú de aquí en adelante, como Estados debemos promover y garantizar el respeto de los principios de igualdad y no discriminación a la hora de establecer marcos regulatorios, velando por el cumplimiento Irrestricto de los Derechos Humanos en todos aquellos que habitan nuestros territorios.
4) Finalmente, convocamos a todos los actores políticos y sociales a impulsar decididamente la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos, tanto a nivel local como a través de la organización y coordinación de acciones y trabajos cotidianos, así como desde la institucionalidad estatal y supraestatal, promoviendo una política migratoria y de relaciones internacionales que priorice la dignidad la justicia y la hermandad de los pueblos, por sobre los intereses particulares y prácticas racistas de quienes controlan los gobiernos.
Foto: @CDH_UCAB
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